El Ministerio Público logró que se enviaran a juicio dos hombres acusados de secuestrar a un ciudadano en mayo de 2024. Los imputados usaron ropa falsa de la DNCD y armas de alto calibre.
Santo Domingo.– A solicitud de la Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Hato Mayor, un tribunal ordenó el envío a juicio de dos hombres acusados de participar en el secuestro de un ciudadano en mayo de 2024.
La jueza Elizabeth Alcalá Valencia, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hato Mayor, dispuso que Alberto Laureano Cabrera (alias Sanpedrano) y Raymell Stiphen de la Cruz enfrenten juicio por los hechos que se les imputan.
Según el expediente presentado, el 3 de mayo de 2024, pasadas las 6:30 p.m., los acusados, junto a Miguel Ángel Noyer (fallecido), secuestraron a la víctima en el parque del municipio El Valle, Hato Mayor. Utilizaron un vehículo Kia gris y portaban indumentaria falsa de la DNCD, incluyendo gorras, placas y cargadores, con el objetivo de simular un operativo oficial.
Durante el secuestro, la víctima fue amordazada con un grillete plateado. La rápida acción de ciudadanos que se encontraban en el parque permitió alertar a las autoridades, quienes interceptaron a los secuestradores en Sabana de la Mar.
Ambos fueron señalados como responsables de planificar el hecho, desde el alquiler del vehículo hasta el uso de armas.
Miguel Ángel Noyer, identificado como cabecilla del grupo, murió al día siguiente en un enfrentamiento con la Policía en San Pedro de Macorís.
que vinculan a los acusados con el secuestro.
Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de Hato Mayor, Ramona Nova y Marleni Guante, reafirmaron el compromiso del Ministerio Público de combatir con firmeza el crimen organizado.
Este caso refleja el compromiso firme y sostenido del Ministerio Público y las fuerzas de seguridad dominicanas en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia que afectan la seguridad ciudadana.
La rápida intervención policial, apoyada en la colaboración ciudadana, fue clave para desarticular la banda criminal y evitar mayores daños a la víctima. Además, la investigación minuciosa y la presentación de pruebas sólidas ante el tribunal refuerzan la confianza en la justicia dominicana y su capacidad para procesar eficazmente estos delitos.
Las autoridades reiteran que continuarán desplegando esfuerzos coordinados para prevenir y sancionar delitos graves como el secuestro, que afectan la tranquilidad y el desarrollo de las comunidades.
Asimismo, hacen un llamado a la población para que mantenga la cooperación con las instituciones y denuncie cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad pública. Este juicio será un paso decisivo para enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la criminalidad.
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