REDACCIÓN INTERNACIONAL.– La justicia condenó a prisión a 17 personas por conspirar en el fallido plan de magnicidio con drones cargados de explosivos, efectuado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018, en una de las principales avenidas de Caracas, la capital del país.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, destacó durante la mañana de este jueves que se dictaminaron las sentencias para los involucrados del atentado, en el que resultaron lesionados varios funcionarios militares.
La mayoría de los acusados fueron condenados a 30 años de prisión, mientras que otros cinco recibieron penas de mayor a menor grado de responsabilidad, que van de 24, 20, 16, 8 y 5 años de cárcel.
Saab indicó que las 12 personas que recibieron sentencia a 30 años fueron halladas culpables por los delitos de traición a la patria; homicidio intencional calificado en grado de frustración contra el Presidente de la República; homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y motivos fútiles en grado de frustración; y lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas.
El resto de los involucrados fueron condenados por delitos como terrorismo; financiamiento al terrorismo; conspiración; encubrimiento del delito de terrorismo y asociación.
«Este tipo de hechos no pueden pasar impunes y merecen la máxima pena», señaló el fiscal venezolano, tras detallar que el juicio comenzó el 2 de diciembre de 2019 y en el proceso se efectuaron 91 audiencias, participaron 60 expertos, declararon 193 funcionarios actuantes y prestaron testimonio 36 testigos civiles.
El canal estatal VTV detalló los nombres y las condenas respectivas que recibieron los involucrados, según la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante el juicio.
En la lista de los sentenciados están:
La justicia venezolana también exhortó a la Fiscalía a emitir órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Julio Borges; Virginia Da’ Silva; Adriana Brombin Baez; Osman Delgado; Moser López; Raider Ruso; Gilbert Escalona; Gregorio Yagua; y David Beaumont, quienes aparecen como presuntos implicados en el caso.
El TSJ también instó al Ministerio Público a continuar con las investigaciones y a determinar otras órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición que estime pertinentes contra personas que considere responsables de este hecho.
La defensa del opositor Juan Requesens, miembro del partido político de derecha Primero Justicia y privado de libertad desde agosto de 2018, días después del suceso, comunicó que en las próximas horas informará las acciones que tomarán para intentar revertir la sentencia.
Según Joel García, abogado de Requesens, su cliente fue condenado por conspiración, pero asegura que durante el juicio la Fiscalía «no pudo demostrar» la responsabilidad de Requesens «en ninguno de los siete delitos» en los que fue acusado, motivo por el que considera que debe ser absuelto.
Tras ser capturado, Requesens confesó que semanas antes del intento de magnicidio fue contactado por el político opositor Julio Borges, líder de Primero Justicia, para que le hiciera el favor de pasar la frontera de Colombia a Venezuela a un hombre identificado como Juan Monasterios, quien fue uno de los que actuó directamente en el plan y manipulaba los drones cargados de explosivos.
El atentado con drones contra Maduro se ejecutó mientras el mandatario ofrecía un discurso en un acto público con militares en la avenida Bolívar de Caracas, una de las principales vías de la capital venezolana donde el chavismo acostumbra a realizar actos multitudinarios.
En la tarima donde estaba el mandatario venezolano también se encontraban miembros de Alto Mando Militar, del Gabinete Ejecutivo y otros Poderes Públicos del Estado.
Sobre ese hecho, el Gobierno venezolano denunció que el ataque fallido fue ejecutado con tres drones cargados de explosivos y que detrás del intento de magnicidio estaban sectores de la oposición venezolana residenciada en Miami, así como los gobiernos de EE.UU. y de Colombia.