La opinión pública fue sorprendida la semana pasada por el anuncio del Gobierno de que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, contrató un lobista estadounidense para “atacar de manera directa a la figura del presidente Luis Abinader”, “desestabilizar el orden” y denostar a la procuradora general, Miriam Germán Brito, y su adjunta, Yeni Berenice Reynoso, por motivo de su detención preventiva por las imputaciones de corrupción del caso Calamar.
Guerrero y el exministro administrativo, José Ramón Peralta, fueron enviados al recinto de Najayo tras ser detenidos el 18 de marzo, por una decisión del 4 de abril ordenando una medida de coerción de 18 meses, pese a no presentar peligro razonable de fuga por su arraigo y dada la posibilidad de ser juzgados en libertad según sus derechos constitucionales.
El lobista
El cabildero contratado por Guerrero es Connie Mack IV, un exlegislador republicano por la Florida que en su práctica privada tiene entre sus principales clientes a un casino de Las Vegas, el Sands. Entre los vinculados a Guerrero en la acusación están los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Mack IV reaccionó a la advertencia del Gobierno dominicano sobre la alegada intención de desestabilizar el orden con sus denuncias contra la República Dominicana, diciendo que no es ilegal que Guerrero contrate sus servicios de asesoría para proteger sus intereses y exigir cumplimiento del debido proceso en el caso Calamar.
Además, el cabildero reveló que, pese a haberse desempeñado como ministro de Hacienda, Guerrero es “residente permanente legal y hombre de negocios exitoso con una reputación impecable en los Estados Unidos, cuyo derecho es buscar asesoría y asegurarse de que la administración de Biden esté al tanto de las circunstancias que rodean el patrón de violaciones de derechos humanos en su caso”.
Me parece que cualquier imputado está en su legítimo derecho de emplear todos los recursos legales a su alcance para defenderse de acusaciones por fiscales o particulares, pero la cuestión de este análisis es, ¿aunque sea legal, es legítimo contratar lobistas para atacar al propio país en procura de que un gobierno extranjero presione a la Justicia u otros poderes públicos?
Mariscada
El caso Calamar es una investigación a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que culminó el 19 de marzo de este año con más de 40 allanamientos y el arresto de 19 acusados de desfalcar mas de RD$19,000 millones mediante la coalición de funcionarios, falsificación de documentos, sobornos y financiamiento ilícito de campañas políticas.
El Ministerio Público lleva simultáneamente otros casos de alto perfil denominados Medusa, Antipulpo, Coral, Coral 5G y Operación 13, cuyos ilícitos en perjuicio del erario suman más de RD$15,000 millones, de acuerdo con la PEPCA.
La contratación de Mack IV revelada por la preocupante denuncia del vocero gubernamental Homero Figueroa quizás resulta de la incompetencia del Ministerio Público para que se juzgue en los tribunales a decenas de imputados vinculados al gobierno de Danilo Medina, incluyendo hermanos y cuñados, en vez de privarlos innecesariamente de libertad y condenarlos en medios mediante ‘lawfare’.
Lawfare
El lawfare, término en inglés que une “warfare” (hacer la guerra) con “law” (la ley), es definido como el uso del sistema legal y sus instituciones para dañar o deslegitimar a un oponente judicial o adversario político, o para evitar que utilice o invoque todos sus derechos procesales.
En los casos llevados por la PEPCA con la fiscal Berenice a cargo, ha sido notorio el uso de filtraciones ilegales a parte de la prensa, el abuso de la privación de libertad sin que se juzgue diligentemente a los imputados y la pretensión de que la mera enunciación de cualquier ilícito basta para consecuencias carcelarias sin mediar condena. Por ejemplo, el exprocurador Jean Alain Rodríguez pasó 18 meses detenido sin que su caso tenga aun fecha previsible para su conclusión.
Al criticar la incompetencia del Ministerio Público, me refiero a que por más complicada que sea cualquier estructura delincuencial, para condenar a imputados basta la prueba que demuestre cada ilícito tipificado; un expediente de miles de páginas retrasa la justicia.
El expediente del caso Calamar tiene más de 3,000 páginas y 1,200 alegadas pruebas, lo cual sobrecoge cualquier tribunal o corte dominicano. Mantener detenidos a los acusados viola sus derechos y no contribuye a una mejor justicia.
Flaco servicio
Aparte de los imputados privados de libertad sin mediar condena, el propio Gobierno es víctima de la incapacidad de unos fiscales que, tras tres años de pesquisas, miles de alegadas pruebas e incesantes intervenciones mediáticas, no han logrado ninguna sentencia condenatoria en firme. Sean o no culpables los imputados, la telenovela tan larga termina sin audiencia.
El continuado afán mediático de los fiscales anticorrupción, contrario al bajo perfil y discreción de la procuradora Germán, lejos de contribuir a que se haga justicia, pone al Gobierno a la defensiva perdiendo la iniciativa ante la misma opinión pública atosigada por su lawfare
Es claro que el Gobierno no puede permitir que la pasión política o incompetencia de fiscales afecte el orden público al poner a imputados en condición de convertirse en acusadores de las autoridades. Por la justicia y la paz social, lo más conveniente para el país es que se juzgue a los imputados sin más demoras, se aplique lo que mande la ley sin lawfare ni abusos, y demostremos al mundo capacidad judicial, jurídica y política. ¡Sin más gringos interviniendo!
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