Los violentos incidentes registrados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que obligaron a las autoridades de la academia a pedir la intervención de la Policía, afectan la imagen de la institución frente a la sociedad y el país en general.
En tiempos donde se suponía que se disponen de mejores mecanismos para el diálogo, el debate de las ideas y la búsqueda de salidas pacificas a los conflictos, la UASD ha ofrecido un deprimente espectáculo de atraso político y social.
Un recinto que debe estar dedicado al estudio, la investigación y a servir de foro para el entendimiento entre los diferentes sectores de la sociedad se convirtió en un campo de batalla semejante al que se verifica en una guerra campal.
Tratar de establecer culpabilidades o hacer juicios de valor sobre lo acontecido, más allá de una descripción objetiva sobre los hechos y sus consecuencias, es un ejercicio riesgoso y complicado que puede resultar por demás insuficiente.
Pero lo cierto es que es censurable, en primer término, el comportamiento de los estudiantes que, a raíz del anuncio de la expulsión de un grupo de compañeros, protagonizaron protestas en que hubo destrucción de vehículos y de parte de las instalaciones universitarias.
Nada justifica que en aras de algunas causas, sean éstas justas o atendibles, se altere el orden o se provoquen daños a la propiedad pública o privada.
Aunque discutible en algunos aspectos por sus planteamientos, la lucha de los estudiantes para que se suspendiera el aumento en los precios de los créditos y de otros servicios que ofrece la UASD fue permitida mientras se desarrolló dentro de cauces normales.
Es cierto, sin embargo, que la Rectoría y otras autoridades universitarias tardaron demasiado en fijar una posición final sobre las sanciones a los estudiantes, lo que alimentó las tensiones que desembocaron en los bochornosos desórdenes.
Un manejo más oportuno e inteligente en los contactos con los grupos estudiantiles habría quizás permitido una salida y evitado estas escenas de vehículos incendiados y jóvenes sacados a la fuerza por unidades élites de contrainsurgencia de la Policía, mientras cuerpos de seguridad privado destruían, de forma furiosa, equipos y pertenencias de estudiantes que mantuvieron una vigilia.
Un esfuerzo en ese sentido también habría impedido un agravamiento del conflicto y, consecuentemente, la irrupción de la fuerza policial, en circunstancias en que siempre se pueden cometer excesos, sobre todo cuando se trata de controlar a grupos inmersos en actitudes violentas.
Hay que recordar que los revoltosos habían advertido que en la UASD jamás habría paz si se establecía algún tipo de sanción a los que ocuparon la Rectoría, proclama que fue reafirmada durante los recientes incidentes y que no augura nada bueno para la situación inmediata en la academia.
Es necesario, pues, que la razón se imponga y que tanto las autoridades universitarias como profesores, estudiantes y empleados, se empeñen poner término a este diferendo que pone en riesgo el derecho de miles de jóvenes a recibir docencia en armonía y sin interrupciones.