En el caso de la OPERACIÓN CAIMÁN dirigida por el COMANDO SUR y la DEA, el Ministerio Público (MP-persecución) hizo referencia a posibles conexiones de las narco-familias del Sur con autoridades civiles y militares, políticos y empresas…
El MP publicó 38 nombres de esas “narco-familias”, pero no identificó a sus cómplices a nivel de estado, partidos y empresas.
Además, se mencionaron seis “narco-familias” a las que se les atribuye movilizar 28 toneladas de cocaína desde diciembre del 2021 a la fecha. Un volumen inferior al que históricamente entra por el Puerto Modal Caucedo y los aeropuertos de Punta Cana, la Romana y Portillo.
Esa iniciativa llamada Operación Caimán se parece a aquella que, con participación de la DEA, ejecutaron recientemente fuerzas parecidas en el Cibao. bajo el nombre de Operación Halcón; a raíz de las amenazas del Cártel del Cibao a la magistrada Miriam German. Eso pronto se disolvió y el cartel siguió campante.
Todo indica que el propósito central de la Operación Caimán ha sido crear una situación en la que aparezca como normal la participación del Comando Sur del PENTÁGONO en operaciones militares-policiales en territorio dominicano, para así legitimar una intervención preventiva en esta parte de la isla.
Respecto a los resultados de esa operación, el MP afirma que, “con esas actividades ilícitas realizadas en la región Sur, se ha creado una narco-cultura poblacional”, lo que supuestamente «hace que estos delitos se perciban como una narco-economía que afecta al Estado».
La verdad, sin embargo, es que la narco-corrupción existe en todo el territorio nacional y la narco-economía va de la mano del narco-estado, con fuertes complicidades del poder imperialista que regula oferta y demanda y aprovecha la política antidroga para intervenir militarmente con su Comando Sur
Observen también que la nueva membresía de esas familias actúa como relevo de viejos capos tipo Florián Félix, Maconi y familia Cuevas; cuyas organizaciones supuestamente fueron desmanteladas hace décadas y al parecer resucitaron. Su continua existencia era vox populis y estuvo protegida por la propia DNCD y la DEA.
En la Operación Caimán, el MP identificó unas 37 personas de esos seis narcos-familias integradas por el “tigueraje” que controla esos trajines delictivos en las provincias Peravia, Barahona, Pedernales y Azua. Pero curiosamente no se habla de los enlaces con los carteles y con el Estado, y faltan las referencias a los integrantes de la cúpula de esas estructuras criminales con raíces aquí y en el exterior.