Especialista en Derecho alerta sobre estafas inmobiliarias y ofrece claves para protegerse

Santo Domingo. – En un nuevo segmento sobre temas legales, la especialista en Derecho Ibelia Batista, volvió a abordar uno de los temas que más preocupa a compradores y ciudadanos en general: las estafas inmobiliarias. Durante su intervención, ofreció recomendaciones sobre cómo protegerse legalmente antes de adquirir una propiedad y explicó qué acciones penales están disponibles en caso de ser víctima de este tipo de delito.

“Lo primero que se debe solicitar es una copia o una fotografía del título de propiedad”, indicó Ibelia. Además, recomendó verificar la autenticidad de ese título con la ayuda de un agrimensor, para confirmar que corresponde efectivamente al terreno ofrecido.

Otra herramienta legal importante es la certificación de estado jurídico del inmueble, la cual puede ser obtenida por el comprador, el dueño del proyecto, un abogado o un conocedor del área. Este documento, emitido por la jurisdicción inmobiliaria, permite conocer la situación legal del terreno o la propiedad que se desea adquirir.

La especialista también hizo énfasis en la revisión cuidadosa del contrato de compraventa. “Es un documento de gran importancia y debe ser analizado con detenimiento para evaluar la seriedad del proyecto”, afirmó.

¿Qué hacer en caso de estafa?

En cuanto a las acciones legales disponibles, Ibelia explicó que “la acción penal va a depender del hecho que ha ocurrido”. En muchos casos, se trata de estafa cuando quien promociona el proyecto no tiene derecho legal sobre el terreno, ya sea porque el título no está a su nombre o porque nunca fue transferido legalmente.

“Cuando el promotor no tiene el título del terreno a su nombre, aunque lo haya adquirido sin formalizar la transferencia, se configura una estafa”, explicó.

Por otro lado, si el constructor tiene toda su documentación en orden título a su nombre, terreno deslindado y permisos vigentes pero no concluye el proyecto por otras razones, entonces el caso podría enmarcarse como un incumplimiento contractual, lo que abre la puerta a demandas por daños y perjuicios.

Batista concluyó recordando que cada situación debe ser evaluada por un abogado, quien podrá determinar la vía legal más adecuada según el caso específico.