Espías telefónicos

A pesar de los avances democráticos registrados en el país en las últimas décadas, persisten prácticas ilegales que se aplican con total impunidad como las intervenciones telefónicas a ciudadanos con fines ajenos a la justicia.

Estas intervenciones solo se justifican y son válidas cuando en medio de una investigación se obtiene la autorización de un juez, pero ocurre que muchas conversaciones telefónicas son grabadas por particulares para chantajear, extorsionar y desacreditar personas.

El audio obtenido por esta vía de un diálogo privado entre dos diputados y colocado en los medios para su deliberada difusión, revela hasta qué punto se ha llegado, cuando se pensaba que todo esto había quedado atrás de una época superada.

En regímenes  dictatoriales o seudodemocráticos, tales procedimientos eran parte de un amplio repertorio de juegos sucios de manipulación y ofensa a la libertad de pensamiento y opinión.

Se pensaba que esta práctica malsana desaparecería con la llegada al poder de gobiernos democráticos, pero a la luz de hechos comprobados en la actualidad, la inclinación hacia el espionaje telefónico parece intacta como parte de una mentalidad cultural afianzada en el tiempo.

Como nota grave e igualmente censurable, algunos hombres públicos que debían cuidar su lenguaje y comportamiento, han llegado a admitir que ellos mismos, o sea individualmente, no el Estado, pagan también por espiar a personas por la vía telefónica.

Este inexplicable estado de cosas contradice la Constitución,  que exige respeto que consagra  la dignidad humana y que es pisoteado en la práctica de múltiples formas y no pasa nada.