Santo Domingo.- El pasado 26 y 27 de octubre, el Congreso Nacional proclamó la nueva Constitución dominicana con varias modificaciones, entre ellas la autonomía del Ministerio Público, unificación de las elecciones, reestructuración del sistema administrativo, entre otros ajustes.
A continuación, presentamos la actualización número 40 de la Carta Magna que cuenta con 10 artículos renovados y uno agregado.
Principales ajustes:
Disposiciones Transitorias y Generales
El documento incluye varias disposiciones transitorias que buscan asegurar una implementación ordenada de la reforma. Entre ellas, se destaca la que establece que hasta que la ley correspondiente defina la organización del Consejo Superior del Ministerio Público, el funcionamiento de este órgano se mantendrá bajo las disposiciones actuales.
Reestructuración del Sistema Administrativo
En cuanto a la administración pública, la reforma plantea modificaciones en los artículos 166 y 167 para reestructurar la representación de la administración ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. El texto sugiere la creación de la figura del Abogado General de la Administración Pública, quien será responsable de representar a la administración en estos procesos.
Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura
La reforma también incluye cambios en la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Se propone eliminar al Procurador General de la República como miembro del CNM, una medida que refuerza la separación de poderes al limitar la influencia del Ministerio Público en la selección de jueces. Además, se agrega como función del CNM la designación del Procurador General de la República, lo que centraliza este poder en un solo organismo y busca garantizar una mayor coherencia en las decisiones judiciales y administrativas.
Unificación de las Elecciones
La reforma también propone la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales, parlamentarias y municipales, a realizarse el tercer domingo de mayo de cada cuatro años. Esta medida, que implicará una modificación al artículo 209 de la Constitución, tiene como objetivo simplificar el proceso electoral y reducir los costos asociados a la celebración de múltiples elecciones. No obstante, se incluye una disposición transitoria que establece que las elecciones del año 2028 se celebrarán de manera separada e independiente, con las elecciones municipales programadas para febrero y las demás en mayo, en un intento de asegurar una transición gradual hacia el nuevo sistema.
Autonomía y Fortalecimiento del Ministerio Público
Otra de las propuestas centrales de esta reforma es el fortalecimiento de la autonomía del Ministerio Público, en particular del Procurador General de la República. El documento propone que el Procurador sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a propuesta del Presidente de la República, y que esta designación se haga por un período constitucional con carácter de inamovilidad, salvo por la aplicación de un juicio político.
Garantizar la Estabilidad Constitucional y la Regla de No Reelección
Uno de los pilares de la reforma es la propuesta de modificar el artículo 124 de la Constitución para consolidar las reglas de elección presidencial y, particularmente, establecer una prohibición estricta contra cualquier intento de modificar las disposiciones relacionadas con la reelección presidencial durante el mandato de un presidente en funciones. Esta medida, considerada crucial por el Ejecutivo, busca prevenir cambios constitucionales que puedan generar inestabilidad política o permitir la perpetuación en el poder.