La gobernabilidad ha sido definida como la capacidad de una sociedad de gobernarse a sí misma y de lograr condiciones de estabilidad política, progreso económico y paz social. Estos tres objetivos son sin dudas compartidos por la inmensa mayoría de los países del mundo sin importar su nivel de desarrollo, pues ellos representan el fundamento del progreso y del bienestar de la mayoría.
En el presente, la estabilidad política parecería haber rebasado los conflictos ideológicos que, durante una buena parte del siglo pasado, definieron el panorama político mundial. La dicotomía democracia-socialismo ha dado paso a un escenario donde la estabilidad viene dada por la calidad y eficiencia del sistema y por las reglas de juego definidas en las interacciones de los principales actores políticos.
El progreso económico se ha visto retado recientemente por las enormes crisis que han sacudido a las naciones desarrolladas con sus nefastas consecuencias para los países tercermundistas. El modelo neoliberal que durante las últimas décadas ha regido en numerosas naciones, incluyendo la nuestra, cada día encuentra mayores detractores. En último caso, el progreso económico se mide en función de los resultados del modelo aplicado y la sociedad tiene el termómetro en su bolsillo.
Finalmente, el orden social se erige como la tercera condición importante para la gobernabilidad. Aquí interviene la calidad de las relaciones entre los diversos actores sociales, la fortaleza de las instituciones sociales y el nivel de satisfacción como indicador de la calidad de vida.
Estos tres objetivos interactúan en una dinámica de interdependencia. Donde no hay estabilidad política ni progreso económico, no puede haber paz social. Del equilibrio de estos factores, depende la gobernabilidad.
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