SANTO DOMINGO.- El Estado Dominicano se constituyó este martes en querellante y actor civil ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con miras de obtener una indemnización por la suma de RD$23,903,465,542.00 por concepto de los daños y perjuicios de toda índole, como consecuencia de la violación a la Ley en que incurrió la red de corrupción desmantelada a través de la denominada Operación Anti Pulpo.
Los abogados representantes del Estado Dominicano, Jorge Luis Polanco Rodríguez, Claudia Álvarez Troncoso y Jorge López Hilario, forman parte del grupo de juristas conformados mediante el Decreto 22-21, para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).
Señalan que la misma fue incoada en contra de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Múñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Víctor Guillermo Librán Báez, Rafael Leónidas De Óleo, César Ezequiel Féliz Cordero Y Messin Elías Márquez Sarraf, así como las entidades Domedical Supply, S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, S.R.L., General Medical Solution Am, S.R.L., United Suppliers Corporations, S.R.L., Kyanred Supply, S.R.L., General Supply Corporation, S.R.L., Wattmax Dominicana, S.R.L., Fuel American Inc., Dominicana, S.R.L., Fundación Tornado Fuerzas Vivas, Reivasapt Investment, S.R.L., Fire Investment Group Fig, S.R.L., Oltaman Realty Business, S.R.L., Medi-Prome, S.R.L., Comercial Matex, S.R.L., Rotinsa, S.R.L. Y Veintisiete 328, S.R.L.
“Como se demuestra con las evidencias recolectadas, el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, prevaleciéndose de su parentesco de hermano de padre y madre con el ex presidente Danilo Medina Sánchez, en los períodos gubernamentales 2012-2016 y 2016-2020, conformó una macro estructura integrada por los coimputados, entidades de carpetas que éste adquirió, y otras, para un total de 16 hasta el momento identificadas, con el propósito deliberado de poder gestionar con sus influencias, contratos con entidades del Estado Dominicano, sin tener antecedentes en el mercado privado, sin experiencia, sin estructura operativa, capacitación técnica profesional, ni personal que permitiera ofrecer estos servicios, verificándose que este entramado, en franca competencia desleal con las tradicionales empresas que lícitamente operan en el país, fueron concebidas exclusivamente para lucrarse del Estado Dominicano, lo que representa una operación que desde su inicio opera al margen del régimen legal de compras y contrataciones públicas establecido en el país a partir del año 2006 con la Ley 340-06”, refiere en una de sus partes la acción.