Santo Domingo.– El Estado dominicano y las distribuidoras EDESUR, EDENORTE y EDEESTE presentaron una querella penal en la que reclaman una indemnización de RD$50 mil millones contra exfuncionarios y empresarios acusados de integrar un entramado de corrupción en el sector eléctrico mediante contratos fraudulentos y sobrevalorados.
El Estado dominicano, junto a las empresas distribuidoras de electricidad del Este (EDEESTE), del Sur (EDESUR) y del Norte (EDENORTE), presentó una querella penal contra exfuncionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y un grupo de empresarios, a quienes acusa de montar un entramado de corrupción con contratos fraudulentos y sobrevalorados en perjuicio del erario.
Según la querella, los acusados, en complicidad con funcionarios y miembros de comités de compras, favorecieron a más de veinte empresas mediante procesos amañados y contratos sobrevalorados que violaban la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. El esquema habría funcionado entre 2012 y 2020, provocando pérdidas millonarias al Estado.
La imposición de medidas de coerción, incluidas prisiones preventivas y embargos, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de ocultamiento de pruebas.
La nulidad de los contratos fraudulentos y la persecución penal por delitos de estafa agravada, prevaricación, coalición de funcionarios, falsificación, soborno, asociación de malhechores y lavado de activos.
La declaración de actor civil a favor del Estado y las distribuidoras, con una demanda de RD$50,000 millones como indemnización provisional por daños y perjuicios.
La querella, presentada el 14 de junio de 2021, fue elaborada por el equipo legal conformado por los abogados Miguel Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Güílamo, bajo instrucción del Poder Ejecutivo.
Los recursos desviados estaban destinados a la compra de equipos, la expansión de redes eléctricas y la mejora del servicio. Como consecuencia:
Se aumentó la dependencia del subsidio eléctrico, cargando más presión al presupuesto nacional.
Comunidades quedaron sin acceso a obras prometidas.
Además del daño financiero, la acción denuncia un profundo deterioro de la confianza pública en las instituciones encargadas del sector eléctrico.