Nueva York.- El estado de Nueva Jersey presentó este viernes una demanda para impedir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) conviertan un almacén en el municipio de Roxbury en un centro de detención con capacidad para 1.500 inmigrantes.
Según la demanda, las agencias han ignorado leyes fundamentales que exige cumplir el Congreso para establecer este tipo de instalaciones, poniendo en riesgo la seguridad y los servicios locales.
La gobernadora Mikie Sherrill informó que ICE pretende operar el centro sin atender las graves preocupaciones estatales y locales sobre el agua, alcantarillado y seguridad pública, sin considerar el entorno sensible del sitio ni si el almacén es apropiado para albergar personas.
Demandas legales y leyes involucradas
La demanda solicita remedio del tribunal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), la Ley de Cooperación Intergubernamental (ICA) y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
“Aunque el DHS no consultó previamente a los funcionarios estatales y locales sobre su decisión de establecer un centro con capacidad para 1.500 personas, estos reaccionaron rápidamente: la gobernadora Sherrill expresó su firme oposición y el Concejo de Roxbury manifestó su rechazo unánimemente”, indica el documento legal.
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Condiciones inadecuadas y riesgos sanitarios
- La Fiscalía general del estado destacó que el almacén en Roxbury «es un centro logístico apto para paquetes de Amazon Prime, no para personas«.
A pesar de que podría albergar a 1,500 detenidos y cientos de empleados de ICE, cuenta únicamente con cuatro inodoros. También señalaron problemas relacionados con el agua, el impacto ambiental y la atención médica.
En la demanda se indica que los centros de detención del DHS han sido vectores de brotes de enfermedades, y que un establecimiento en Roxbury podría saturar rápidamente el Servicio Médico de Emergencia, que solo dispone de dos ambulancias.
Además, la omisión del DHS de elaborar un informe público sobre los impactos profundos en la región incluyendo su efecto sobre un área que suministra más del 70 % del agua potable a Nueva Jersey y sistemas de alcantarillado clave se considera “legalmente fatal”.
“La seguridad y bienestar de los habitantes de Nueva Jersey siempre serán mi prioridad, y estos planes no harán que nuestros residentes estén más seguros. Por el contrario, este centro sobrecargará los servicios e infraestructura locales”, aseguró la gobernadora Sherrill.
