Más de 100 organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes instaron este jueves al Gobierno del presidente, Donald Trump, a abordar la desinformación sobre los permisos de trabajo para los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) que está vigente hasta septiembre.
- Las organizaciones cobijadas por la Alianza América y Catholic Legal Immigration Network (CLINIC) enviaron una carta al recién nombrado Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Joseph B. Edlow, para tomar medidas correctivas sobre la fecha de vencimiento de los documentos de Autorización de Empleo (EAD) anunciada en sus sitios oficiales.
Problemas con la actualización de datos
En concreto, la queja de las organizaciones apunta a la falta de actualización de bases de datos de USCIS utilizadas por otras agencias para verificar la elegibilidad de los titulares de TPS.
El Gobierno Trump extendió el año pasado el TPS para los salvadoreños hasta el 9 de septiembre de 2026, lo que les permite tener permisos de trabajo hasta esa fecha. Pero todos los sitios web relacionados con el beneficio para los salvadoreños indican el 9 de marzo de 2026 como fecha de validez de los EAD.
Según datos de The National Immigration Forum, alrededor de 170.000 salvadoreños están cobijados por el TPS desde 2001.
Impacto en los trabajadores salvadoreños
Las organizaciones advirtieron que en menos de tres semanas “cientos de trabajadores salvadoreños con TPS han perdido y muchos más perderán” su empleo. Además, perdieron o perderán sus beneficios de antigüedad obtenidos a lo largo de décadas con el mismo empleador, incluyendo tiempo de vacaciones, bonificaciones y aumentos salariales.
Es inaceptable que los empleadores, los trabajadores y las comunidades se vean afectados por la ineficiencia y el deficiente desempeño de las agencias federales”, dijeron los defensores en un comunicado.
Los defensores de los inmigrantes también urgieron a USCIS a solucionar el retraso en el procesamiento de las solicitudes I-821 e I-765 que afecta a más de 100.000 beneficiarios del TPS de El Salvador.
La situación también ha generado incertidumbre y ansiedad entre miles de familias salvadoreñas que dependen de estos permisos para su estabilidad económica. Muchos trabajadores temen perder sus empleos de manera injusta debido a errores administrativos, lo que podría afectar no solo sus ingresos, sino también su acceso a vivienda, salud y educación para sus hijos.
Ante este panorama, las organizaciones reiteraron el llamado a las autoridades a actuar con urgencia y transparencia, corrigiendo las inconsistencias en los sistemas oficiales y garantizando que los beneficiarios del TPS no sean perjudicados por fallas burocráticas. Asimismo, pidieron implementar mecanismos claros de comunicación para evitar confusiones futuras y proteger los derechos laborales de esta comunidad.