Nueva York.- El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó este jueves la aplicación de un arancel global del 10 % a la mayoría de las importaciones, al considerar que el presidente Donald Trump utilizó de forma incorrecta una ley comercial de décadas anteriores.
El tribunal señaló que la administración de Trump aplicó de manera indebida una legislación antigua para imponer los aranceles en febrero, poco después de que otra serie de medidas similares fuera anulada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El fallo, emitido desde la sede del tribunal en Nueva York, concluye que el Ejecutivo excedió los límites legales al establecer un gravamen generalizado sobre productos provenientes de casi todos los países.
Fallo judicial y límites legales
Impacto económico y disputa política
A pesar de la decisión, el caso sigue abierto, ya que el Gobierno estadounidense había planteado que el arancel del 10 % era una medida temporal, diseñada para ganar tiempo mientras se buscaban nuevas bases legales para mantener la política comercial.
El impuesto fue aplicado el 24 de febrero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una vigencia inicial de 150 días, lo que implica su expiración el próximo 23 de julio, salvo que el Congreso autorice su extensión.
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- Según el diario The New York Times, la administración de Donald Trump planea apelar la decisión judicial, lo que podría prolongar el conflicto legal sobre la política de aranceles comerciales.
En caso de una derrota definitiva del Gobierno, se abriría la posibilidad de tener que devolver cerca de 166.000 millones de dólares recaudados, según estimaciones de expertos económicos.
El fallo también recuerda que la administración recurrió a una disposición poco utilizada de la Ley de Comercio de 1974, conocida como sección 122, tras la anulación previa de otras medidas arancelarias.
Sin embargo, el tribunal aclaró que esta norma solo permite la aplicación de aranceles temporales en circunstancias específicas, como desequilibrios graves en la balanza de pagos o inestabilidad del sistema financiero internacional.
La sentencia destaca además que estos gravámenes no pueden superar el 15 % ni extenderse más allá de 150 días, y que cualquier prórroga requiere aprobación del Congreso de Estados Unidos.
