Miami (EE.UU.).– El senador estadounidense Rick Scott exigió este viernes a Washington la restitución inmediata de sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras condenar la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, fallecido bajo custodia estatal según confirmó el propio Gobierno venezolano.
Scott calificó el caso como un hecho de violaciones a los derechos humanos, asegurando que Quero Navas fue “secuestrado, torturado y asesinado”, en medio de denuncias que han generado una nueva ola de críticas internacionales contra el Ejecutivo venezolano.
- El legislador republicano también sostuvo que la comunidad internacional debe actuar frente a lo que describió como un patrón de represión política, mientras reiteró su llamado a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.
Denuncias y búsqueda de justicia
Según el senador, la madre del fallecido, Carmen Navas, buscó a su hijo durante 16 meses en distintos centros de detención sin obtener respuestas claras, lo que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos como un caso de posible desaparición forzada.
La organización Foro Penal y otros grupos opositores han señalado que el caso de Quero Navas refleja fallas estructurales en el sistema penitenciario venezolano, donde persisten denuncias de opacidad, maltrato y falta de acceso a información sobre detenidos.
Reacciones internacionales y condena política
La oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), condenó la muerte del detenido y exigió una investigación independiente, afirmando que el Estado “burló a la familia” al negar información sobre su paradero incluso después de su fallecimiento.
Diversas ONG también han pedido la intervención de organismos internacionales para esclarecer el caso, mientras insisten en que las autoridades venezolanas deben garantizar transparencia judicial, rendición de cuentas y justicia para las víctimas.
El caso de Víctor Hugo Quero Navas se enmarca dentro de una larga serie de denuncias sobre detenciones arbitrarias, persecución política y violaciones a derechos humanos en Venezuela, señaladas por organizaciones nacionales e internacionales en los últimos años.
De acuerdo con reportes de la ONG Foro Penal, el país mantiene un número significativo de presos políticos, muchos de los cuales han sido detenidos bajo acusaciones relacionadas con motivos institucionales, militares o de seguridad del Estado, más allá de procesos judiciales considerados transparentes.
En este contexto, organizaciones como la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) han denunciado reiteradamente la falta de información oficial sobre personas detenidas, así como retrasos en procesos judiciales y restricciones al debido proceso.