Nueva York. – La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general del estado, Letitia James, presentaron una demanda contra la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para defender un paquete de leyes estatales de rendición de cuentas que, entre otras medidas, prohíbe a agentes federales ocultar su identidad con pasamontañas en sus operativos.
La acción legal, anunciada este miércoles en una conferencia de prensa, responde a la demanda que el Gobierno de Trump interpuso el pasado 22 de junio contra el estado de Nueva York, con el objetivo de frenar la entrada en vigor de dichas normativas, prevista para este viernes.
En Nueva York creemos en la seguridad pública, la rendición de cuentas y la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven», afirmó Hochul, y agregó que el estado defenderá estas medidas «en cada paso del camino» frente a los «ataques» del Gobierno federal.
Dos leyes en el centro del litigio
El núcleo de la disputa legal gira en torno a dos normativas aprobadas por Nueva York en el marco de su paquete de protección integral a la inmigración.
La primera exige que todos los agentes locales, estatales y federales que operen en el estado permanezcan identificables y prohíbe el uso de tapabocas al interactuar con el público.
Según el Gobierno estatal, el despliegue de agentes migratorios federales enmascarados, impulsado por la Administración Trump, genera temor en las comunidades y aumenta el riesgo de que personas ajenas se hagan pasar por policías.
La segunda medida, denominada ley «Policías Locales, Delitos Locales», prohíbe expresamente a los gobiernos y agencias policiales del estado firmar acuerdos de colaboración para destinar recursos locales a detenciones por violaciones migratorias federales, una competencia que Nueva York argumenta debe quedar excluida de las prioridades locales de seguridad.
Choque constitucional por competencias estatales
La demanda interpuesta por la fiscal James argumenta que los intentos de la Casa Blanca de bloquear estas leyes vulneran la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual consagra el derecho de los estados a regular la seguridad pública y el uso de sus propios recursos dentro de sus fronteras.