Washington, EE. UU. – Una jueza federal bloqueó de manera definitiva una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba exigir documentos que acreditaran la ciudadanía estadounidense para registrarse como votante en elecciones federales.
Jueza de Boston limita poder ejecutivo
La magistrada Denise Casper, del Tribunal de Distrito de Boston, concluyó que la medida excedía las facultades del Poder Ejecutivo y entraba en conflicto con las atribuciones que la Constitución reserva a los estados y al Congreso en materia electoral.
La disposición formaba parte de un paquete de reformas impulsadas por Trump, con el objetivo de endurecer los requisitos de participación en los procesos electorales. Entre los cambios propuestos figuraba la obligación de presentar documentos como el pasaporte estadounidense para completar el registro de votantes mediante formularios federales.
La iniciativa fue impugnada por una coalición de 19 estados, que argumentó que millones de ciudadanos podrían enfrentar obstáculos para ejercer su derecho al voto debido a la falta de acceso inmediato a este tipo de documentación.
En su decisión, la jueza recordó que la administración de las elecciones corresponde principalmente a los estados y que el presidente no posee autoridad unilateral para modificar las reglas federales de registro electoral.
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Requisitos de voto y presión a estados
La orden también contemplaba restringir el conteo de votos enviados por correo que fueran recibidos después de la jornada electoral, incluso en jurisdicciones donde la legislación local permite contabilizarlos si fueron emitidos dentro del plazo establecido.
Además, el Gobierno federal amenazaba con imponer sanciones o limitar recursos económicos a los estados que no adoptaran las nuevas exigencias.
La controversia se produce en medio de un debate persistente sobre la integridad electoral en Estados Unidos. Trump ha sostenido durante años que el sistema presenta vulnerabilidades que podrían facilitar el fraude, incluyendo la participación de personas sin ciudadanía estadounidense, una afirmación que ha sido cuestionada por organismos electorales y tribunales debido a la falta de evidencias concluyentes.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, valoró la decisión judicial y afirmó que protege el acceso al sufragio frente a medidas que, según los demandantes, podrían restringir la participación electoral.
Pese al revés judicial, Trump mantiene su respaldo al proyecto legislativo SAVE America, una propuesta que busca incorporar varios de los cambios contenidos en la orden ejecutiva. Aunque la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes, todavía enfrenta obstáculos para avanzar en el Senado.
La decisión de la jueza Casper representa uno de los principales reveses judiciales para los intentos de la administración Trump de modificar las normas electorales a nivel federal.
