La Haya.– Tres juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) demandaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a miembros de su Administración, ante un tribunal federal de Nueva York, por las sanciones en su contra que, aseguran, vulneran la Constitución estadounidense, exceden la autoridad presidencial y son un ataque a la independencia judicial.
Demanda en Nueva York contra la orden
Las magistradas Kimberly Prost (Canadá), Solomy Bossa (Uganda) y Reine Alapini-Gansou (Benín) presentaron la demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde solicitan que se declare ilegal la Orden Ejecutiva 14203, firmada por Trump el 6 de febrero de 2025, y se suspenda su aplicación.
En una breve declaración difundida en La Haya, las tres juezas señalaron que las sanciones les fueron impuestas «simplemente por desempeñar» su función judicial y denunciaron que han afectado «profundamente muchos aspectos» de sus vidas personales.
Más importante aún, estas medidas constituyen un ataque a la independencia judicial y una amenaza para la importante labor de la Corte de impartir justicia a las víctimas de los crímenes más graves», afirmaron.
- Las magistradas subrayaron que han decidido recurrir a la justicia estadounidense «a título personal» y expresaron su confianza en que los tribunales del país examinen el caso «de manera justa y objetiva», sobre la base de los hechos y del derecho aplicable.
Sanciones por investigaciones de la CPI
La orden ejecutiva fue emitida después de que la CPI avanzara en investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán y Palestina, incluidos los procedimientos que derivaron en órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant.
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Sobre la base de esa orden ejecutiva, Estados Unidos autorizó sanciones económicas y restricciones de viaje contra personas que participan o apoyan investigaciones de la CPI relacionadas con ciudadanos estadounidenses o de países aliados que no reconocen la jurisdicción del tribunal.
Además del fiscal de la CPI, Karim Khan, Washington ha sancionado desde entonces a los dos fiscales adjuntos, ocho jueces de la Corte, una relatora especial de Naciones Unidas y tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
Las tres demandantes aseguran que la orden ejecutiva excede las competencias legales del presidente porque contradice la legislación aprobada por el Congreso, vulnera obligaciones internacionales asumidas por Estados Unidos y hace un uso indebido de las facultades que otorga la legislación nacional.
Según la demanda, presentada formalmente este miércoles, las medidas han tenido consecuencias que van mucho más allá de la actividad profesional de las magistradas en la CPI.
Las juezas aseguran haber perdido acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito, plataformas de pago y otros servicios financieros, además de ver bloqueados los activos vinculados a Estados Unidos y restringida su participación en actividades profesionales en ese país.
También denuncian que las sanciones afectan al funcionamiento general de la Corte, ya que, aunque formalmente se dirigen contra personas relacionadas con determinadas investigaciones, en la práctica repercuten sobre toda la actividad del tribunal.
Esta es la quinta impugnación judicial contra la Orden Ejecutiva 14203, aunque es la primera presentada específicamente por jueces de la CPI.
