Washington.- La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos avaló este martes leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos de competiciones escolares y universitarias, al concluir que estas normas no vulneran la Constitución.
En una decisión 6-3, los magistrados decidieron mantener las leyes de Virginia Occidental y de Idaho al considerar que los estados pueden establecer categorías deportivas diferenciadas por sexo biológico en el ámbito escolar y que estas restricciones son compatibles con el Título IX, la histórica legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos financiados con fondos públicos.
El alto tribunal resolvió que los estados pueden limitar la participación en equipos femeninos a «mujeres biológicas», es decir, a deportistas cuyo sexo asignado al nacer es femenino, incluso cuando se trate de personas trans que se identifican como mujeres y reciben terapias hormonales.
El caso se originó por la demanda de dos atletas trans, Becky Pepper-Jackson, estudiante de secundaria de Virginia Occidental, y Lindsay Hecox, alumna de la Universidad de Idaho, quienes sostenían que su exclusión de las competiciones femeninas era inconstitucional y discriminatoria.
El juez conservador Brett Kavanaugh, autor de la opinión mayoritaria, sostuvo que «las diferencias físicas entre hombres y mujeres, como fuerza, velocidad y resistencia», justifican la existencia de equipos separados por sexo biológico.
Todo varón biológico que logra entrar en el equipo ocupa una plaza que correspondería a una atleta», insistió.
La decisión tendrá repercusión en todo Estados Unidos, ya que afecta a la participación de atletas trans en competiciones escolares y universitarias y respalda normas similares aprobadas en otros 25 estados.
El caso se enmarca en la ofensiva impulsada por la Administración del presidente Donald Trump contra los derechos de las personas transgénero.
Tras regresar al poder en enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que establece el reconocimiento de únicamente dos sexos, masculino y femenino, y dispone que los documentos oficiales reflejen el sexo asignado al nacer, una medida que fue recurrida por organizaciones de defensa de los derechos LGTBI.