Tucson (EE.UU.).- El estado de Arizona (EE.UU.) llegó a un acuerdo judicial con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que frena la apertura de un centro de detenciones en una bodega en la ciudad de Surprise hasta que se haga un estudio de impacto al medioambiente, informó este miércoles la Fiscalía estatal.
Acuerdo judicial frena el centro en Surprise
La Oficina de la Fiscal del Estado de Arizona, Kris Mayers, anunció el acuerdo que, por el momento, frena la adecuación del lugar y la detención de cualquier inmigrante en el centro, que tiene una capacidad de 1.500 camas.
Este acuerdo responde a una demanda interpuesta por la oficina de Mayers en contra de DHS el pasado abril, cuestionando el impacto a la comunidad que tendría la apertura del centro de detenciones.
Capacidad para 1.500 detenidos
El Gobierno federal adquirió una gigantesca bodega en la ciudad de Surprise para convertirla en un nuevo centro de detención, un proyecto con un costo inicial de 70 millones de dólares y gastos operativos estimados en unos 180 millones de dólares anuales.
La noticia causó un gran descontento entre miembros de la comunidad, políticos y defensores de los migrantes, quienes cuestionaron la apertura de este centro cerca de una escuela secundaria y barrios primordialmente hispanos.
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Este acuerdo es una gran victoria para la comunidad de Surprice; las agencias federales deben seguir la ley y llevar a cabo los estudios de impacto al medioambiente relacionados con este tipo de proyectos», dijo Mayers en un comunicado.
«Bajo el acuerdo, DHS y ICE se comprometen a no renovar de ninguna forma la estructura, incluidas demoliciones, hasta que el estudio esté terminado».
Costo del proyecto y rechazo vecinal
La compra de depósitos en varios estados y su transformación en centros de detención forman parte de la dura política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump.
La política migratoria en Estados Unidos ha sido un tema de alta sensibilidad social, política y judicial durante las últimas décadas, especialmente en los estados fronterizos como Arizona, donde el flujo migratorio irregular ha impulsado la creación de centros de detención administrados por el gobierno federal.
Estas instalaciones forman parte de la estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para gestionar la detención de personas migrantes mientras se procesan sus casos legales o de deportación.
Arizona exige revisión ambiental
La expansión de estos centros ha generado recurrentes debates sobre sus condiciones operativas, su impacto en las comunidades cercanas y el cumplimiento de las normativas ambientales y urbanísticas. En muchos casos, proyectos de gran escala han sido cuestionados por autoridades locales, organizaciones civiles y residentes, quienes exigen evaluaciones de impacto ambiental antes de su construcción o puesta en funcionamiento.
- En el estado de Arizona, estas tensiones se intensifican debido a su condición de territorio fronterizo y a la presencia de comunidades altamente sensibles a la dinámica migratoria.
- Las autoridades estatales han intervenido en diversas ocasiones para exigir mayor supervisión y cumplimiento de la normativa ambiental en proyectos federales relacionados con infraestructura migratoria.