El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este jueves a ocho migrantes de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua y participar en asesinatos, secuestros y otros delitos violentos en Texas e Illinois.
Cinco de los procesados fueron imputados en el Distrito Norte de Texas por conspiración de crimen organizado, secuestro y asesinato, mientras que los otros tres están acusados en Chicago de secuestrar y matar a tiros a un hombre en mayo pasado.
Todos los acusados son ciudadanos venezolanos que, según el Gobierno, ingresaron irregularmente a Estados Unidos entre diciembre de 2021 y abril de 2024.
De ser declarados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua, y cinco de ellos, incluso la pena de muerte.
La acusación presentada en Texas, donde se concentra la mayoría de los procesados, ofrece pocos detalles sobre los hechos concretos y no expone las pruebas en las que se sustentan los cargos.
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El documento sostiene que los acusados secuestraron a tres personas el 24 de agosto de 2024 y que Héctor García Zúñiga, Carlos Zambrano Bolívar y Jhonny Martínez Serrano participaron en el asesinato de una de ellas, pero no identifica a las víctimas ni precisa las acciones atribuidas a cada procesado.
Zambrano Bolívar ya había enfrentado en febrero un juicio estatal por asesinato capital relacionado con esos hechos, pero el juez declaró la nulidad del proceso después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime.
Su abogado, Sean Daredia, aseguró entonces al medio local NBC 5 Dallas-Fort Worth que el venezolano había sido víctima de trata con fines de explotación sexual por parte del Tren de Aragua, banda criminal que nació en las cárceles de Venezuela, y que habría actuado bajo coacción, por temor a represalias contra él y su familia.
Tras la llegada al poder de Trump, en enero de 2025, organizaciones de derechos humanos han criticado el uso que el Gobierno de Trump ha hecho del Tren de Aragua para justificar su política migratoria.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que las autoridades han identificado y detenido a migrantes venezolanos como supuestos miembros de la organización, sin presentar pruebas suficientes ni demostrar que tuvieran antecedentes penales, en lo que califican de detenciones arbitrarias.
En dos de los episodios más polémicos, Washington envió a comienzos de año a cientos de venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador y trasladó a otros a la base naval de Guantánamo.
La mayoría de estos migrantes no tenía antecedentes ni vínculos comprobados con la banda, y que algunos fueron señalados por sus tatuajes, de acuerdo con informes publicados por estas dos organizaciones.
La Administración también ha presentado al Tren de Aragua como parte de una supuesta «invasión» migratoria alentada por el Gobierno venezolano, una afirmación cuestionada por evaluaciones de la propia inteligencia estadounidense.
Desde enero de 2025, el Departamento de Justicia ha presentado cargos federales contra más de 300 presuntos miembros o colaboradores de la organización.
