Ciudad de México.- Desde la fronteriza Tijuana, Robert Vivar se ha encargado de apoyar a veteranos del Ejército de Estados Unidos que, por alguna razón, han sido expulsados a México, cuyas historias reflejan el impacto humano de las políticas migratorias estadounidenses.
Apoyo legal y médico en Tijuana
A través del Unified U.S. Deported Veterans Resource Center, Vivar se ha dedicado a ofrecer un espacio seguro que brinde asistencia legal integral, servicios médicos básicos y un acompañamiento emocional crucial para aquellos que se sienten abandonados por el país al que sirvieron antes de ser deportados a México.
La organización ayuda a los veteranos a integrarse en sus comunidades en el exilio y busca vías para su posible retorno a los Estados Unidos a través de programas como gestión de documentos, asistencia migratoria y búsqueda de empleo.
Acciones contra Justicia e ICE
La iniciativa busca llevar a cabo una ofensiva jurídica, civil y penal, contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos y contra las empresas que gestionan los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas tradicionales después del reciente fallecimiento del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, el pasado 7 de julio.
Frente al endurecimiento institucional en EE. UU., Vivar aportó, en una entrevista a EFE, la perspectiva de quien atiende a diario las consecuencias de estas políticas, donde afirmó que dejar atrás a tu familia por un proceso de deportación, después de servir a un país, “es algo difícil que la gente no entiende”.
A pesar de no haber formado parte del ejército de Estados Unidos, Robert afirmó que la situación de los militares deportados le afectó especialmente al llegar a Tijuana, ya que su hijo y su nieto, que sí cuentan con la ciudadanía estadounidense, forman parte del cuerpo.
El activista detalló que, más allá de si existe o no violencia física explícita durante los arrestos llevados a cabo por el ICE, «hay que entender que hay un daño más allá de lo físico», señalando que el verdadero impacto radica en el terror psicológico que sufren los inmigrantes y, especialmente, sus familiares.
Hay veces que se desconoce el motivo por el que arrestan a sus propios ciudadanos», denunció Vivar, al ver cómo las redadas nocturnas criminalizan a personas con décadas de residencia e historiales delictivos limpios.
Según el testimonio de Vivar, la situación migratoria entre Estados Unidos y México «era mejor antes», afirmando que la administración de Donald Trump ha empeorado la situación de las familias mexicanas divididas por la frontera.
Recuerdo familias separadas que se tocaban las manos a través de la valla que separaba Estados Unidos de Tijuana«, declaró el activista, quien consiguió regularizar su situación y obtener la ciudadanía estadounidense en 2021 tras años de litigios y separación familiar.
A pesar del empeoramiento en la situación migratoria, Vivar ve con esperanza el futuro de la repatriación de aquellos que fueron expulsados y sostiene que el racismo vivido por los mexicanos es por parte de las instituciones, no del pueblo estadounidense.
El caso de Robert Vivar es solo un ejemplo más de dos países separados por una frontera y unidos por miles de familias desplazadas, una realidad que mantiene en vilo a miles de hogares, tanto en México como en Estados Unidos, bajo un marco legal cada vez más hostil.