La Habana. Desde mayo, Estados Unidos ha aplicado nueve rondas de sanciones a Cuba, en las cuales han sido incluidas 31 personas y 49 empresas, cumpliendo así la máxima de Washington de dejar a la isla “sin escapatoria”.
Cuba ha calificado las acciones de “fracasada obsesión”; mantiene una retórica de resistencia frente a la crisis energética y económica y se ha visto forzada a implementar una liberalización de 176 reformas.
Washington ha aplicado quirúrgicamente la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo, firmada por el presidente Donald Trump.
El objetivo estadounidense: evitar las relaciones de empresas extranjeras con entidades y personas relacionadas con el Gobierno cubano y frenar su implicación en sectores clave como energía, defensa, finanzas, minería y seguridad.
Gaesa abrió el tablero
De manera simbólica, Estados Unidos impuso las primeras sanciones en mayo al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, y su presidenta, Ania Guillermina Lastres.
Un golpe de efecto contra todos los sectores estratégicos del país caribeño y una señal para los inversionistas extranjeros.
Según los expertos, Gaesa controla más del 40 % del producto interno bruto (PIB) de Cuba, con un amplio portafolio que va desde los hoteles a las telecomunicaciones, pasando por la distribución minorista en dólares, la venta de combustible, las aduanas, el sector inmobiliario, la logística y el transporte de pasajeros, entre otros.
También incluyó en la lista entidades financieras vinculadas a Gaesa, como Rafin y el Banco Financiero Internacional (BFI).
Defensa e inteligencia
Entidades operadas directamente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y sus dirigentes fueron incluidas en la lista estadounidense. Entre ellas destacan la Unión de Industria Militar (UIM), la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin y la importadora Tecnotex.
La Administración Trump impuso, además, sanciones contra el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), las Brigadas de Respuesta Rápida, así como la Dirección General de Inteligencia (DGI) del Ministerio del Interior de Cuba (Minint).
Energía y minerales
En enero pasado, Estados Unidos detuvo los envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba, tras el arresto de Nicolás Maduro, mientras que Trump amenazó con aranceles a aquellos países que suministren crudo a La Habana.
Se suman a estas sanciones la reciente inclusión de la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (Cupet) —que se dedica a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla—, así como el Centro de Investigaciones del Petróleo. El ministro cubano de Energía, Vicente de la O Levy, también fue sancionado.
Además, Washington puso en el punto de mira a empresas extractivas pesadas como Moa Nickel S.A. y Geominera S.A., además de la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero). El objetivo es frenar la exportación de metales y minerales preciosos que aportan divisas netas a las arcas estatales.
Comercio exterior y turismo
En las baterías de medidas más recientes se incluyó al propio Ministerio de la Construcción, así como a centrales de importación y contratación como Tecnoimport.
El Ministerio de Turismo de Cuba ingresó a la lista de sanciones, así como el Grupo Empresarial del Comercio Exterior, que facilita la compra y venta de bienes y servicios con otros países, y la Terminal de Contenedores de Mariel S.A.
Personalidades y el entorno Castro
Las medidas han impactado de forma directa en el círculo familiar de la familia Castro, que gobernó en la isla durante casi seis décadas. En este sentido, destaca Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro, su esposa y uno de sus hijos.
El Departamento del Tesoro incluyó este año en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su esposa, Lis Cuesta Peraza, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente, que reside en Madrid.
También han sido sancionados distintos ministros y altos dirigentes.
Proyección exterior
La diplomacia e instituciones del Estado fueron sancionadas también, y figuran el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y varios de sus representantes, como su director, Fernando González Llort, uno de los cinco espías de la Red Avispa, condenado en EE. UU. y luego retornado a Cuba.
Washington los acusa de liderar redes operativas de influencia exterior, propaganda política y captación de recursos en favor del Gobierno cubano.
Las sanciones continuarán…
Las sanciones de Washington a La Habana han estado llegando recientemente cada 15 días, todos los jueves, como capítulos de una serie televisiva.
Díaz-Canel señaló al respecto la víspera que «los verdugos parecen haber escogido los jueves para hacer públicas sus listas negras».
Sin embargo, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advirtió a Cuba que las sanciones continuarán y que en la isla no habrá “válvula de escape” a la presión de Washington por cambios significativos en la isla.