SANTO DOMINGO.- La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la jornada cuando el expediente acusatorio que lee el Ministerio Público de los casos de supuesta corrupción Coral y Coral 5G llegaba a la página 2,955, de un total de 3,268.
Las 313 páginas faltantes, el órgano acusador promete terminar de leerlas con la reanudación del caso el próximo lunes 6 de febrero, desde las 9:00 de la mañana.
«El día de hoy fue muy productivo y avanzamos mucho. Hemos presentado hasta el momento 439 pruebas testimoniales, 158 pruebas periciales, y de igual manera, hemos presentado unas 2,059 pruebas documentales», dijo Jonathan Pérez Fulcar, representante del Ministerio Público.
Inmediatamente se termine de leer el expediente, la defensa de los encartados podrá hacer sus réplicas de los señalamientos y el Ministerio Público hará lo propio, y por consiguiente, la jueza determinará si envía o no el caso a juicio de fondo.
El fiscal del órganismo persecutor sostuvo que el próximo lunes terminarán con la presentación de las pruebas documentales y pasarán a las pruebas materiales como vehículos, inmuebles ocupados en los allanamientos contra la supuesta red de corrupción que estafó al Estado con más de 4,000 millones de pesos.
En este caso, al exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adan Cáceres, le fue dictado el cese de su prisión preventiva por arresto domiciliario y cumple la coerción en su hogar.
La medida de coerción del extitular del Cusep consiste en arresto domiciliario, impedimento de salida y la colocación de grillete electrónico.
En tanto, al coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, implicados en el caso Coral, también salieron de la cárcel tras cumplir con el pago de una fianza y están en arresto domiciliario.
A Núñez de Aza se le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos, al igual que a Cáceres, mientras a la pastora y su hijo fue de 50 millones de pesos.
La audiencia preliminar de los casos Coral y Coral 5G, en la que el Ministerio Público imputa a 48 personas físicas y jurídicas de cargos de lavado de activos y corrupción contra el Estado dominicano, el órgano ha dicho que estos estafaron con más de 4,000 millones de pesos.
