En este país sucede de todo y nunca pasa nada. El más reciente escándalo y probablemente no el último, involucra a un “asistente especial” del presidente de la República y al Superintendente de Pensiones, a los que la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional recién acaba de condenar a devolver a dos señoras una suma de dinero en dólares, en relación con un turbio contrato de venta de inmuebles a través de una empresa inmobiliaria de la que ambos, según la sentencia, son ejecutivos. Esa empresa, Emproy Divisa, estaría siendo objeto de una investigación por la Fiscalía de Nueva York por acusaciones de fraude relacionadas con un proyecto inmobiliario en Bávaro, en el que quedaron atrapados dominicanos residentes en Estados Unidos.
Han transcurrido ya varias semanas desde la decisión de la cámara y todavía ambos funcionarios, quienes son también altos dirigentes del partido en el poder, continúan desempañando funciones en el aparato estatal. En lo que se refiere al “asistente especial” del Presidente no le hace bien a la imagen de éste, y mucho menos al gobierno y al partido oficialista, que una persona objeto de una sanción por un tribunal civil, condenado por fraude, forme parte de su entorno, porque de alguna manera sus actividades “extra curriculares”, lo asociarán a su condición de asistente presidencial. Y muchos se preguntarán ¿qué hace un miembro del círculo íntimo del Presidente en esos ajetreos inmobiliarios?
En lo que tiene que ver con el Superintendente, el caso es mucho más penoso, porque espanta saber que los fondos del retiro de los dominicanos estén en manos de quien cae en esas debilidades. Es incomprensible que acciones de esa naturaleza no tengan consecuencias y que el sistema de la seguridad social, que tan caro resulta, no le haya pedido al Superintendente que se vaya tranquilo a su casa.