SANTO DOMINGO. De acuerdo con el Ministerio Público, el entramado de corrupción establecido en la estructura de la Operación Calamar era una mafia gubernamental que tenía técnicos y representantes de alto nivel en las instituciones públicas con la finalidad de mover sus intereses de manera ágil.
El Ministerio Público señala a los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva o “holding criminal” que le costó al Estado dominicano 21 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.
“Para estas acciones requerían a los titulares de los Ministerio y Direcciones Generales como el caso de Obras Públicas y la Oficina de Obras de Ingenieros Supervisores del Estado. La cabeza de la mafia gubernamental requería directamente a los directores de las instituciones con el objetivo de autorizar, mediante instrucciones de ejecución acelerada, que se elaboraran los pagos fraudulentos”, indica el Ministerio Público.
Supuestamente los acusados constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Asimismo, de acuerdo con el MP, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.
También, alegadamente, adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.
Según la acusación formal obtenida por Noticias SIN falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.
Supuestamente, asegura el Ministerio Público, “crearon una estructura compuesta por funcionarios de niveles alto, medio y otros servidores públicos, así como por técnicos dentro de las distintas instituciones públicas utilizadas, los cuales se coalicionaron y asociaron para estafar al Estado dominicano, a los fines de beneficiarse a título personal de relacionados y terceros”.
El Ministerio Público alega que “se comportaron como la alta diplomacia, con un representante de calidad, en cada institución, que tenía como objetivo viabilizar las operaciones criminales de la organización que lo había acreditado”.
“Formaron una fuerza de tarea del crimen que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado con la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a tales fines falsearon documentos públicos, como los actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos y afectar sus derechos fundamentales», dice el Ministerio Público.
Además, realizaron “pagos millonarios sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago. Emitieron pagos irregulares a personas que al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada” y “emplearon manejos fraudulentos para distraer pagos de expropiaciones de terrenos sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes y con expedientes incompletos por usencia de actas del estado civil, certificados de títulos y constancias anotadas, ausencia pago de impuestos sucesorales, entre otros”.
Alegadamente, “las estructuras criminales constreñían a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión del pago”.
Además, de acuerdo con la acusación, utilizaban la modalidad de las cesiones de créditos fraudulentas a favor de interpósitas personas que respondían a los intereses de los funcionarios públicos que intervinieron en los acuerdos transaccionales y autorizaban los pagos, como instrumento de retorno de las erogaciones con fondo del Estado a su favor”.
El Ministerio Público acusa al entramado de simularon deudas basándose en la gestión del pago ante los propios funcionarios que formaban parte del entramado corrupto, sin ningún soporte.
Según el órgano perseguidor del crimen el ochenta por ciento (80%) de los montos pagados por deudas administrativas mediante las maniobras fraudulentas de las cesiones de crédito, recayeron en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción”.
Para esto habrían creado empresas donde dieron por ciertas calidades de accionistas a personas que desconocían la existencia de su vinculación societaria con dichas empresas, las cuales fueron empleadas para recibir cesiones de crédito de parte de los supuestos herederos que tenían decreto de expropiación, así como también para la compra ilícita de terrenos.
Siempre de acuerdo con el Ministerio Público, utilizaron empresas de carpeta cuya única finalidad era la de cobrar los montos de las cesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente recibieron los fondos públicos, desfalcando al Estado dominicano.
En el documento depositado figura el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón así como los exministros imputados desde el inicio de la investigación Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero.
Además de los exministros se encuentra en el documento acusatorio de la presunta estafa al Estado Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.
Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena.
En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.