El exministro de Justicia en la gestión de Toledo, Fernando Olivera, declaró a RPP Noticias que el exmandatario «no tiene perdón de Dios y debe aplicarse todo el peso de la ley».
Olivera agregó que estaba «indignado, furioso, al tomar conocimiento de cómo Alejandro Toledo, que llegó a la presidencia luchando contra la corrupción y el nombre de la democracia, ha terminado ejecutando actos gravísimos, deshonrando al Perú».
El también exlegislador dijo que en este caso «no vale invocar persecución política» porque «hay evidencia de cómo abusó de la buena fe de muchos peruanos para sacar adelante proyectos de desarrollo, pero con fines subalternos de coimas, sobornos y delitos».
Por su parte, el exministro de Vivienda durante el gobierno de Toledo y actual congresista del oficialismo, Carlos Bruce, escribió en su cuenta de Facebook que era una decepción.
«Las personas vinculadas a actos de corrupción deben ser severamente castigadas», añadió.
En tanto, el exlegislador de Perú Posible, el partido fundado por Toledo, Marcial Ayaipoma declaró a El Comercio que «por la carga política, entiendo que la gente quiere sangre y muerte. Sin embargo, esto debe resolverse en la vía judicial».
Ayaipoma indicó que Toledo debe volver al país y colaborar con la Fiscalía en las investigaciones, dado que se encuentra en Francia desde fines de enero.
De otro lado, el excandidato presidencial Julio Guzmán expresó, en un video compartido en Facebook, que «el expresidente Toledo traicionó al país y a la democracia. Es el primer dinosaurio que cae y tienen que seguir cayendo».
Guzmán añadió que «esta es la gran oportunidad de limpiar la política peruana».
De acuerdo a un documento judicial difundido por la prensa peruana, el exjefe de seguridad de Toledo, Avi Dan On, fue el intermediario que planteó a Odebrecht el pago de un coima para otorgarles la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.
Según publicó el diario La República, el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró al fiscal peruano Hamilton Castro que la coima solicitada por Toledo fue de 35 millones de dólares, la que debía depositarse en cuentas de su amigo Josef Maiman en el extranjero.
No obstante, el soborno se redujo a 20 millones de dólares porque el entonces gobierno incumplió con modificar las bases del concurso de licitación que, igualmente, fue ganado por Odebrecht y otros socios en 2005.
