Exdirectores de centros educativos recurren al Tribunal Constitucional por violación de derechos
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Según los afectados, la Ordenanza 01-2020 emitida durante la pandemia con el argumento de responder a una emergencia permitió al Ministerio de Educación sustituirlos de sus funciones sin respetar el sistema de méritos establecido por la Ordenanza 24-2017.
Santo Domingo.- A casi cinco años de haber sido removidos de los cargos que obtuvieron mediante concurso público, un grupo de exdirectores regionales y distritales del sistema educativo dominicano ha iniciado una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
La medida legal, dirigida contra la Ordenanza 01-2020 del Consejo Nacional de Educación, busca reivindicar el respeto a la carrera docente y denunciar lo que consideran una grave violación a los principios constitucionales y legales que rigen el sistema educativo.
Según los afectados, la Ordenanza 01-2020 emitida durante la pandemia con el argumento de responder a una emergencia permitió al Ministerio de Educación sustituirlos de sus funciones sin respetar el sistema de méritos establecido por la Ordenanza 24-2017.
En su lugar, fueron reubicados como “asesores técnicos”, una figura que no existe dentro del marco normativo vigente, dejándolos en una situación de vulnerabilidad laboral.
Entre los firmantes de la acción figuran la Dra. Frannyy Guzmán, Zacarías Porte, Deurys Heredia Pérez y Cesarin Leonardo Febles, quienes denuncian que, pese a mantener su salario base, han sido excluidos de beneficios laborales como incentivos, promociones y la posibilidad de ejercer plenamente su rol dentro de la carrera docente.
La demanda sostiene que esta ordenanza concedió al Ministro de Educación facultades discrecionales que violentan el debido proceso, la legalidad administrativa y la estabilidad en cargos públicos, en contravención a lo establecido por la Constitución y la Ley General de Educación 66-97.
Los exdirectores alertan que permitir este tipo de medidas sin controles institucionales representa un precedente preocupante para el respeto al mérito profesional y la democracia en el sistema educativo. Consideran que el caso no es solo una disputa laboral, sino una defensa de la institucionalidad y los derechos fundamentales de los docentes dominicanos.
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