SANTO DOMINGO.– El exempleado de una compañía telefónica quien es vinculado supuestamente a un sabotaje electoral pidió este martes el pago de 50 millones de pesos por indemnización, además se querelló ante la Procuraduría General contra los cuatro fiscales que actuaron en su caso, a quienes acusa supuestamente de tortura.
Recibe las últimas noticias en tu casilla de email