Exigen libertad en Nicaragua de 17 "presos políticos" amparados por CorteIDH

Managua, Nicaragua.- El denominado Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua exigió este domingo al Estado la liberación inmediata de al menos 17 manifestantes opositores que se encuentran detenidos por protestar contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega en el marco de la crisis que estalló hace poco más de un año.

Ese Comité hizo esa exigencia basada en las medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor de 17 prisioneros, entre ellos, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.

«El Estado debe liberarlos», demandó ese Comité, que también exigió la libertad para todos los demás «presos políticos» en un plazo no mayor de 9 días.

La CorteIDH, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adoptó medidas provisionales a favor de 17 prisioneros en Nicaragua.

Las medidas provisionales incluyen además de los dos periodistas, a los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Lener Fonseca; a los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Amaya Eva Coppens y Kevin Espinoza; y a la líder de los comerciantes Irlanda Jérez.

También a los dirigentes opositores Cristhian Fajardo y Yubrank Suazo; y a Ricardo Baltodano, hermano de la antigua comandante guerrillera sandinista y ahora opositora Mónica Baltodano, entre otros.

De esos 17 prisioneros, cinco han sido excarcelados por el Gobierno.

El Ejecutivo y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron en marzo la liberación, como fecha límite el próximo 18 de junio, de todas las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018.

Hasta ahora el Gobierno ha excarcelado a 386 de un total de 468 detenidos, por lo que todavía permanecen encerrados unos 82 de la lista que reconoce el Ejecutivo.

La Alianza Cívica, que registra al menos 809 «presos políticos», ha dicho que el Ejecutivo está incumpliendo con ese acuerdo, debido a que el pacto es una «liberación definitiva» de los detenidos, no de enviarlos bajo régimen de convivencia familiar o libertad condicional.

La Alianza Cívica anunció hace tres semanas su retirada de la mesa de negociación, entre otras razones, por el «asesinato» del nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, un prisionero opositor al Gobierno que falleció al recibir un disparo de un guardia en una cárcel.

También «por la nula voluntad política de cumplimiento por parte del Gobierno» de los acuerdos suscritos en materia de la liberación de opositores y el respeto a los derechos y garantías ciudadanas.

La oposición supeditó su retorno a la mesa a la liberación de los manifestantes antigubernamentales detenidos.

El tema de los llamados «presos políticos» se ha convertido en un punto de fricción en las negociaciones entre el Ejecutivo y la Alianza Cívica, que comenzaron el 27 de febrero y se suspendieron el 3 de abril.

A pesar del fin del diálogo, las partes mantenían reuniones para que el Ejecutivo cumpliera con los acuerdos firmados y avanzar en otros puntos.

Nicaragua afronta una crisis sociopolítica desde abril de 2018, que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha causado 325 muertes.

Otros organismos locales cifran en 594 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.