Por: Sandy Cuevas
SANTO DOMINGO.- La posibilidad de que la eventual reforma fiscal que el gobierno necesita para financiar el presupuesto público del 2022, incluya aumentos al impuesto sobre la renta y grave las placas vehiculares con el 1% del valor del automóvil, desató el rechazo popular y de organizaciones civiles que, ante las posibles modificaciones tributarias, exigen un plan concreto de reducción del gasto público.
Al recordar que la economía familiar sufre el impacto de la inflación y el desempleo generado por la crisis agravada por la pandemia, diversos sectores populares consideran que la población no podrá asumir más impuestos.
El dirigente choferil insiste que antes de plantear una reforma fiscal, el gobierno debe sentarse con los sectores más desposeídos para diseñar planes de apoyo económico.
La vicepresidenta de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Eulogia Familia, considera que las cargas de impuestos debe ser aplicada a los empresarios y no a los empleados.
El borrador del proyecto, que circuló durante el fin de semana en redes sociales, establece una sola tasa de 16 % para el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados, el cual llevaría a 17 % el primer año los bienes actualmente gravados con el 18 %, a 16.5 % el segundo año y 16 % más adelante.
Aunque no hay una fecha para someter el proyecto al Congreso, el poder Ejecutivo tiene el tiempo encima, ya que el órgano legislativo se apresta a debatir el presupuesto público que prevé un déficit de cerca de 175 mil millones de pesos el presidente Abinader se propone tocar las puertas de los diferentes sectores en busca de apoyo.
La Confederación Autónoma Clasista confirmó a Noticias Sin, que este próximo martes a las 9 de la mañana fijaran su poción sobre la reforma.