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Expresidente de Paraguay recuerda hoy a su hija asesinada hace 10 años

Expresidente de Paraguay recuerda hoy a su hija asesinada hace 10 años
Expresidente de Paraguay recuerda hoy a su hija asesinada hace 10 años
Cecilia Cubas.Fuente externa

Cecilia Cubas.Fuente externa

ASUNCIÓN, Paraguay – La familia de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, recordó esta semana su secuestro, ocurrido este domingo hace 10 años, y su posterior asesinato a manos de un grupo del que nació la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que desde el 2 de abril mantiene cautivo a un joven de 16 años.

Cecilia Cubas, nacida del matrimonio entre el exgobernante, que ocupó la presidencia entre 1998 y 1999, y la senadora Mirta Gusinky, tenía 31 años cuando fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004.

El hecho se produjo cerca de su residencia de San Lorenzo, en el Gran Asunción, por un grupo armado que interceptó a tiros su vehículo.

Su cadáver fue hallado el 16 de febrero de 2005 en una fosa cavada en una vivienda de las afueras de la capital y después de que su familia pagara 300 mil dólares por su liberación, a mediados de noviembre de 2004.

Pasado todo ese tiempo, la versión oficial apunta a que el crimen fue obra de una escisión del desaparecido Partido Patria Libre, fundado a principios de la década de 1990 por un grupo de seminaristas “revolucionarios”.

La tesis de las autoridades es que de ese partido surgió el EPP, que opera en el norte del país y que el de 2 de abril secuestró al joven Arlan Fick.

Meses después, el 5 de julio, el grupo secuestró al policía Edelio Morínigo, de 24 años, cuando estaba de caza con otras siete personas, según la policía.

La senadora Gusinki protagonizó esta semana un acto en la Cámara Alta en el que rindió homenaje a Cecilia Cubas y mostró su solidaridad con la familia de Arlan Fick, a la vez que instó a la sociedad a no bajar los brazos y a exigir el fin del secuestro del joven.

A finales de agosto, Álcido Fick, padre del muchacho, se dirigió públicamente a los secuestradores para pedirles su liberación, y les recordó que estos le habían prometido su puesta en libertad si cumplía una serie de condiciones.

Fick asegura que pagó un rescate de 500 mil dólares al EPP y distribuyó alimentos a dos comunidades pobres por otros 50 mil dólares, además de divulgar un vídeo propagandístico, parte del acuerdo que según él le exigió la guerrilla para la liberación

El adolescente fue raptado en la finca rural de su familia, en la localidad de Paso Tuyá, en el departamento norteño de Concepción, considerado el baluarte de la guerrilla.

La lucha contra la guerrilla la protagoniza la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), compuesta por efectivos militares y policiales destinados en la zona de influencia del EPP, que según fuentes oficiales ha sufrido una reciente escisión con la creación de la denominada Agrupación Campesina Armada (ACA).

El pasado viernes la FTC asestó un golpe a la ACA al matar a tres de sus supuestos integrantes durante un operativo aéreo y terrestre contra un campamento de ese grupo.

La operación, que tuvo lugar en el distrito de Arroyito, también en el departamento de Concepción, se saldó con la incautación de un importante alijo de armas abandonadas por los guerrilleros supervivientes del ataque.

Desde entonces la FTC ha intensificado las operaciones en el área en busca de los guerrilleros que pudieron escapar.

En es contexto varias organizaciones y partidos políticos de Paraguay denunciaron el miércoles que con la excusa de perseguir a la guerrilla, el Gobierno ha militarizado la zona norte.

Pidieron también la presencia de organismos internacionales que vigilen el actuar de las Fuerzas Armadas.

La denuncia se hizo días después de que un supuesto colaborador del EPP muriera durante un enfrentamiento con efectivos militares en el que resultaron heridos graves otros dos presuntos miembros del grupo armado, uno de los cuales falleció más tarde en el hospital.

Voces como las del obispo Pablo Cáceres, de la Diócesis de Concepción, afirmaron que ese último enfrentamiento fue una “ejecución” de campesinos que “nada tienen que ver con el grupo armado”.

Esa aseveración fue luego negada por la Fiscalía.

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