Panamá.- El expresidente panameño Ricardo Martinelli , condenado este martes a 10 años y 6 meses de cárcel por blanqueo de capitales, afirmó ser «inocente» y que la condena en su contra obedece a «intereses políticos».
«Todos sabemos que me quieren condenar por intereses políticos. “Soy inocente”. Todo mi dinero aportado es lícito y fue demostrado. No tengo relación alguna con dinero ilícito», declaró Martinelli en un corto vídeo colgado en sus redes sociales.
En el fallo del caso conocido como «New Business» o la compra irregular en 2010 de la Editorial Panamá América S.A. (Epasa), conocido este martes pero con fecha del 17 de julio, la jueza Liquidadora de Causas Penales Baloísa Marquínez sentenció a Martinelli a 128 meses de prisión y le impuso una multa de 19,2 millones de dólares.
El exmandatario manifestó que con esta sentencia «lo que quieren es inhabilitarme».
«No quieren que sea tu presidente. Quiero que sepan algo: voy a seguir luchando por ti y tu familia hasta volver a ser presidente de Panamá», sentenció.
Ya el equipo de defensa de Martinelli, de 71 años, anunció que apelará esta sentencia.
Martinelli además enfrenta cargos por blanqueo en el caso Odebrecht, cuyo juicio comenzará este año. Dos hijos también serán juzgados en el caso de la constructora, por el que ya pagaron cárcel en EE.UU. donde confesaron que blanquearon 28 millones de dólares y que transaron sobornos por órdenes «del padre», como dijo su defensa.
Pese a la sentencia del caso «New Business», la candidatura presidencial de Martinelli se mantendrá habilitada hasta que haya sido ratificada en todas las instancias, siendo la última de estas la Corte Suprema, dijo a EFE el constitucionalista Ernesto Cedeño.
Para la compra de Epasa se recolectaron 43,91 millones de dólares en diciembre de 2010, según la Fiscalía, que afirma que Martinelli «contactó a contratistas, aportó dinero» y resultó «beneficiario» al ser el «tenedor del 60 % de las acciones» de la editorial.
La sentencia difundida este martes ordenó «la disolución de dos sociedades y el (de)comiso de las acciones de una casa editorial, a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial», indicó la misiva judicial.
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