SANTO DOMINGO.- El exprocurador Gregory Castellanos Ruano depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una reiteración de su denuncia formal contra Miguel Surún Hernández, Elsa Alvarado, Abraham Ortiz Cotes y otros implicados por desfalco, prevaricación, corrupción y malversación de fondos en el Colegio de Abogados en el marco de su gestión al frente de esa entidad.
Castellanos aseguró que Surún Hernández malversó 119 millones de pesos para comprarse cinco terrenos o propiedades inmobiliarias en la provincia La Altagracia (Higüey) y que “hasta tiene una compañía offshore en el paraíso fiscal de Panamá”.
“Solicitamos a la PEPCA que active la investigación por el desfalco sistemático de los fondos del Colegio de Abogados que durante su gestión ahí ha cometido el Dr. Miguel Alberto Surún Hernández”, expresó.
Planteó Surún Hernández se niega a ser auditado por la Cámara de Cuentas, que es la entidad facultada constitucional y legalmente para auditar el uso de fondos públicos. Precisó que el grueso de los ingresos al Colegio de Abogados proviene del pago de impuestos que tienen que pagar los ciudadanos dominicanos para poder acceder a la Justicia a reclamar sus derechos.
Deploró que ese enriquecimiento ilícito de Surún Hernández ocurra mientras los abogados carecen de seguridad social, de cooperativa, de centros de recreación y demás servicios otros sectores organizados del país.
“Mientras el Dr. Miguel Surún Hernández se ha enriquecido, se ha multimillonarizado ilícitamente como presidente del Colegio de Abogados, la inmensa mayoría de los abogados se mueve en el hoyo de la pobreza. Surún se ha apropiado de cuantiosos fondos del Colegio de Abogados y los ha distraído para su beneficio personal”, indicó.
Planteó que Surún y los demás implicados han cometido varios crímenes y delitos ante la negativa de dejarse auditar. Citó que violaron los artículos 169; 170; 171; 172; 166 y 33; 145; 147; 148; 265; 266; 267; 59 y 60; 103; 104; 105 y 106 del Código Procesal Penal.
Precisó que también violentaron otras normativas y leyes, tales cuales los artículos 40, 44, 71, 72, 74, 75 Ordinal 3ro. de la Ley 3-19 del Colegio de Abogados; los artículos 40 y 57 de la Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana; el artículo 84 de la Ley No. 41-08 de Función Pública; y la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.