Para este o cualquier gobierno de un país tan entrecruzado como este, es peliaguda la obligación de hacer justicia en casos como el escándalo de Odebrecht. Los encartados todos dicen sin empacho poseer secretos que pudieran dañar a políticos u otros poderosos que aun no figuran en el expediente.
El aspecto internacional impide marrullas como los juicios a Félix Bautista, que concluyeron sin que se le condenara, porque según fiscales y jueces nada pudo probarse. Pero ante las pilas de evidencias existentes, según dicen algunos periódicos, quizás al Gobierno pueda convenirle quitarse de encima la responsabilidad de juzgar a algunos de los acusados más problemáticos políticamente, mediante el relativamente sencillo procedimiento de aceptar extraditarlos para que sean juzgados en los Estados Unidos, donde al parecer hay ilícitos no incluidos en los procesos locales que podrían justificar esa salida.
Sería un invaluable servicio a la sociedad y al saneamiento de la política que por fin ¡algún día! exfuncionarios enriquecidos por sus funciones paguen sus propias habas. Explicar travesuras en inglés… ¡guay!