Es una falsedad el anuncio por la Embajada de los Estados Unidos acerca de alegados e infundados maltratos a personas por “funcionarios de inmigración basados en su color de piel”, que se suma a las presiones de Washington y la ONU para que la República Dominicana acepte recibir la ola de inmigrantes ilegales que huyen del caos en Haití.
La embajada dice que “en los últimos meses viajeros a República Dominicana reportan ser retrasados, detenidos o sujetos a un mayor interrogatorio en puertos de entrada y otros encuentros con funcionarios de inmigración, basados en su color de piel”. Ese “trato desigual” dizque les preocupa.
Eso luciría inocente si hubieran ocurrido esos inventados incidentes, pero sigue la iniquidad: funcionarios dominicanos “han llevado a cabo operaciones generalizadas destinadas a detener a aquellos que creen que son migrantes indocumentados, especialmente personas de ascendencia haitiana”. Se repatrian haitianos, no sus descendientes.
En algunos casos, no han respetado su estatus legal o nacionalidad, afectando a “los estadounidenses de piel más oscura y los de ascendencia africana”, dice la embajada. “Los detenidos se mantienen en centros de detención superpoblados, sin poder impugnar su detención ni acceso a alimentos o baños, a veces durante días, antes de ser liberados o deportados a Haití”.
Iniquidad y afrenta
Sin aportar la menor prueba de su argucia, esa denuncia pública en vez de vía Cancillería, luce ser una afrenta, una acusación infundada para avergonzar y lastimar el honor; una iniquidad, maldad e injusticia grande, que podría lastimar al turismo y toda la economía dominicana.
Las denuncias en la prensa referidas corresponden mayormente a declaraciones de impopulares políticos haitianos que culpan a la República Dominicana por la inviabilidad de su país y procuran prosélitos con sus falsedades, como Claude Joseph, a quien el gobierno puso un impedimento de entrada por sus constantes insultos al presidente Abinader, a quien llama racista y compara con el dictador Trujillo.
Ciertamente, como en todo proceso contra inmigrantes ilegales, hay excesos ocasionales, que no son la norma ni responden a políticas de Estado, distinto a Estados Unidos que viola su propia Constitución con deportaciones sumarias de haitianos invocando una Ley conocida como Título 42.
Esa norma trata a los haitianos y otros inmigrantes por la frontera mexicana como apestados, riesgosos para la salud pública, incluyendo a los que procuran legítimo asilo político, distinto al caso de los haitianos en la República Dominicana. Más de dos millones de inmigrantes ilegales han sido sumariamente devueltos a México desde marzo del 2020 y la medida es continuada por la administración Biden.
El grupo internacional Human Rights Watch (HRW) ha denunciado, aportando incontables pruebas distinto a la Embajada gringa en Santo Domingo, que el Título 42 es aplicado discriminatoria y abusivamente contra inmigrantes de Centroamérica, África y Haití, que son mayormente negros o de piel oscura, mientras miles de otros viajeros logran entrar sin dificultades.
El reporte de HRW, titulado “EUA: Discriminatorio Tratamiento de Migrantes Haitianos. Son Perseguidos por Agentes de Frontera a Caballo; Devueltos al Peligro en Haití”, es de septiembre de 2021, está colgado íntegramente en la página de Internet de la organización en inglés, español, francés y creole haitiano.
Destaca que los oficiales de migración eran todos blancos y con látigos que usaron contra mujeres, niños y ancianos. Más de 340 organizaciones se unieron a las denuncias de HRW sobre los abusos de Estados Unidos contra los inmigrantes ilegales de Haití y la abusiva discriminación racista contra estos.
Contexto diplomático
Tras la solicitud del ilegal Gobierno haitiano a la ONU para que intervenga con una fuerza militar que restaure el orden público y elimine las bandas criminales y narcotraficantes que controlan al país, Estados Unidos ha rehusado aportar las tropas o dinero para esa operación, citando el fracaso previo de similares acciones unilaterales o internacionales. Quizás Brasil asuma el liderazgo.
Tras aportar muchos miles de millones de dólares en la última década por desastres humanitarios como terremotos y ciclones devastadores, los países donantes están hartos de que la minúscula élite haitiana robe y despilfarre las donaciones, mientras continúa la incesante involución de Haití, que pareció culminar con el magnicidio de Jovenel Moise en 2021, pero continúa empeorando mientras el crimen sigue impune.
La República Dominicana, como país más afectado por la crisis haitiana, dedica gran parte de su presupuesto de salud pública a atender haitianos, acoge a cientos de miles como inmigrantes legales y posee una población enorme de ilegales.
El gobierno ha reclamado a la comunidad internacional que ayude a Haití pues los dominicanos son quienes más aportan para evitar el empeoramiento del deterioro y la hambruna en el vecino territorio.
Aparte de sanciones a políticos por la ONU, se ha avanzado poco para enfrentar la situación de Haití. El domingo, Canadá confiscó dos casas compradas en Montreal en 2018 por más de US$5 millones en efectivo por el político Rony Celestin y su esposa, cuyas cuentas de banco fueron congeladas. Es sospechoso de complicidad con narcotraficantes y notorio por actos de violencia electoral.
La presión mentirosa de la Embajada estadounidense no ayuda a solucionar la real crisis y en cambio lacera a República Dominicana, que con más de seis décadas de continuo progreso en democracia es el mejor aliado y socio comercial de Washington en el Caribe. El diplomático que ideó la denigrante falacia merece ser destinado a Puerto Príncipe.
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