El diagnóstico “Situación de los datos estadísticos del Sector Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para la Clasificación Internacional de Delitos”, de reciente elaboración por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), ha sacado a la luz deficiencias en la recolección y manejo de datos sobre la seguridad ciudadana y justicia penal en la República Dominicana, lo que dificulta la creación de políticas públicas eficaces contra la violencia y el crimen.
A pesar de que el 86.2% de las instituciones involucradas en este sector recopilan datos, la falta de estandarización, inconsistencias en los registros y una pobre coordinación interinstitucional limitan el análisis exhaustivo y la comparabilidad de la información. Esto genera serios obstáculos para enfrentar de manera efectiva la violencia y mejorar la seguridad pública en el país.
El diagnóstico destaca la diversidad y complejidad de las fuentes de datos en este sector. De las 29 instituciones evaluadas, un significativo 86.2% reporta estar involucrado en la recopilación de datos sobre delitos y justicia penal, pero un 13.8% sigue sin participar en este proceso crítico.
Entre los datos que se recopilan, se incluyen desde delitos cometidos hasta procesos judiciales, condenas y penas, lo que representa un avance importante en la documentación de las fases del sistema penal. Sin embargo, el informe indica que solo el 60.7% de estas instituciones recoge datos en todas las etapas del sistema de justicia, lo que deja vacíos de información en áreas cruciales como la identificación de patrones de reincidencia o la ubicación geográfica exacta de los delitos.
Uno de los principales problemas identificados en el informe es la falta de estandarización en el uso de clasificaciones de delitos entre las diferentes instituciones. Aunque el 71.4% de las entidades evaluadas afirma contar con una lista estandarizada o clasificación de delitos, esta no siempre sigue los parámetros establecidos por la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS). De hecho, solo 11 instituciones recopilan datos para todas las principales secciones de la ICCS, lo que limita la comparabilidad y dificulta la obtención de una visión integral de la seguridad en el país.
Otro factor preocupante es la escasa interoperabilidad entre las instituciones. El informe revela que solo el 21.4% de las instituciones cuenta con acuerdos formales de intercambio de datos, lo que genera una desconexión entre los organismos que participan en la lucha contra el crimen. Esta falta de integración no solo afecta la calidad de los datos, sino que también retrasa el análisis y la toma de decisiones informadas.
A pesar de que casi la mitad de las instituciones (48.3%) almacenan los microdatos de manera electrónica, todavía hay un 41.4% que combina el almacenamiento en papel y medios electrónicos, lo que genera dificultades en la interoperabilidad y accesibilidad de los datos.
Este problema se ve agravado por la falta de sistemas adecuados para la documentación de metadatos, una herramienta esencial para la transparencia y la verificación de la calidad de la información. Solo el 21.4% de las instituciones reporta tener sus metadatos documentados, lo que representa una brecha significativa en la gestión de la información.
Otro de los hallazgos clave del informe es la inconsistencia en la desagregación de los datos, lo que afecta el análisis detallado de la criminalidad en el país. Mientras que muchas instituciones recogen información básica como el sexo y la edad de las víctimas y autores, variables más complejas, como la relación entre víctima y victimario o la motivación del delito, solo son registradas por un número limitado de instituciones. Esta falta de uniformidad en la recolección de datos dificulta la comprensión profunda de los factores que impulsan los delitos y la violencia en la República Dominicana.
Uno de los aspectos más críticos del diagnóstico es la limitada difusión pública de las estadísticas sobre delitos y justicia penal. A pesar de que la transparencia y el acceso a la información son esenciales para la rendición de cuentas y el monitoreo ciudadano, solo el 46.4% de las instituciones difunden regularmente sus estadísticas. Esta falta de acceso limita no solo la capacidad de los investigadores y académicos para realizar análisis independientes, sino también la posibilidad de que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento de la efectividad de las políticas de seguridad.
El informe de la ONE no solo identifica las deficiencias, sino que también ofrece una serie de recomendaciones para mejorar la calidad y la disponibilidad de los datos sobre violencia y justicia penal en la República Dominicana. Entre las recomendaciones más destacadas se incluyen: