Santo Domingo.- La familia del merenguero Rubby Pérez presentó este martes una querella formal contra los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, a raíz del trágico colapso del techo ocurrido durante una presentación artística que dejó más de doscientas víctimas mortales.
A través de un comunicado, los familiares del artista indicaron que la querella constituye «una herramienta legal, pero también un acto de memoria«, con la intención de que se investigue a fondo lo ocurrido, se determinen las responsabilidades pertinentes y se evite que las víctimas desaparezcan del relato oficial.
“No busca castigar sin fundamentos ni emitir juicios paralelos. Pretende que se investigue, que se determine la verdad, que se asuman responsabilidades donde corresponda”, expresaron.
Avanza proceso judicial contra los hermanos Espaillat
Mientras tanto, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se prepara para conocer este miércoles la solicitud de medida de coerción contra los empresarios, acusados por el Ministerio Público de homicidio involuntario de 235 personas. La Fiscalía solicita que el caso sea declarado complejo y que se imponga prisión preventiva por 18 meses a Antonio Espaillat, así como arresto domiciliario para su hermana Maribel.
Antonio pasará su sexta noche en la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras que Maribel fue trasladada este martes a la cárcel del mismo recinto, tras recibir el alta médica de la clínica donde permanecía ingresada desde su detención.
Según el expediente, el colapso del techo se debió a negligencias estructurales y advertencias ignoradas por parte de los propietarios. La acusación se apoya, entre otras pruebas, en el testimonio de Gregorio Adames, encargado de reservaciones del Jet Set, quien informó a Antonio Espaillat, el mismo día de la tragedia, sobre la caída de partes del techo y la urgencia de suspender la actividad, a lo que no se le dio seguimiento.
Defensa y víctimas anticipan una larga batalla legal
La defensa de los imputados mantiene una postura de espera y asegura que asistirán a la audiencia sin realizar peticiones. Por otro lado, abogados de las víctimas se preparan para solicitar indemnizaciones millonarias en un eventual juicio de fondo, aunque no todos coinciden en el tipo de coerción solicitada.
Una de las propuestas consiste en imponer una garantía económica de 300 millones de pesos a los imputados, con el argumento de asegurar recursos para futuras indemnizaciones. “No se trata de una condena previa, sino de garantizar la reparación de los daños que han sufrido las familias afectadas”, señalaron.
Dos meses después de la tragedia, el proceso judicial continúa su curso, marcado por el clamor de justicia de las víctimas y la atención pública sobre uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del entretenimiento en el país.
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