Santo Domingo.- La familia Gadala-María mantiene su lucha por la devolución de bienes adquiridos hace más de 60 años durante el período de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En ese sentido interpuso una denuncia contra el abogado del Estado Gedeón Bautista por alegada difamación e injuria y daños morales contra el buen nombre de la familia, así como por las confiscaciones inconstitucionales que ejecuta contra sus bienes.
Asimismo, solicitan que inicien de inmediato la investigación de lugar y el control disciplinario contra los funcionarios del MP quienes alegadamente violan sus derechos y actuando de manera ilegal e inconstitucional.
Mediante de una carta en la que expresan haber pedido la intervención del presidente Luis Abinader y la directora general de Ética Gubernamental, Milagros Ortíz Bosch, aseguran no haber obtenido ninguna respuesta.
«Pareciera que todos se cubren entre ellos, y mientras tanto el poder se utiliza para atropellar y vulnerar los derechos mas fundamentales», se lee en la misiva.
La familia Gadala-María fue despojada de varios bienes tras la caída del régimen de Rafael Leónidas Trujillo entre 1961-62 acusados por el Estado Dominicano de ser testaferros del tirano.
Entre los bienes confiscados están las empresas de Sal y Yeso Dominicano, Industria Nacional del Vidrio, Consorcio Algodonero, Aceite Ámbar y Sacos y Tejidos Dominicanos.
Desde entonces, la familia ha intentando recuperar sus viene en los tribunales sin éxito.
En 1970, los Gadala-María fueron favorecidos con un fallo de la Suprema Corte de Justicia para que les sean devueltas las empresas que les incautó el Estado, pero en 2008 denunciaron que la sentencia no había sido cumplida.
En 2007, la familia atribuyó a “inseguridad jurídica” en el país los aprestos de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (Crep) de enajenar terrenos de la Fábrica Nacional del Vidrio (Favidrio), y advirtieron que se opondrán y mediante una carta pública pidieron la intervención del entonces presidente Leonel Fernández para que impida que una de las empresas propiedad de la familia, cuya devolución a sus legítimos dueños dictaminó la Suprema Corte de Justicia, sea enajenada.
Y hoy aseguran que a través de oficios emitidos por altos funcionarios del Gobierno pasado, fueron
realizadas transferencias clandestinas, ilegales e inconstitucionales de inmuebles de la Familia Gadala-Maria, obligando con ello ha reiniciar procesos legales para defenderse de la acusación formulada en 1962.