SANTO DOMINGO. – La calificación dada por el Ministerio Púbico como “homicidio involuntario” en la acusación contra los dueños de la empresa Vidal Plast por la muerte al menos 38 personas en la explosión de San Cristóbal no satisface a muchos de los deudos de las víctimas, que a más de un año de la tragedia aún esperan justicia y con el duelo interminable de no haber encontrado nunca rastros de sus parientes.
Como un expediente mediático que no presenta la realidad de lo ocurrido en la explosión, así calificaron los abogados de algunas de las víctimas, la acusación del Ministerio Público.
El órgano persecutor acusa a los propietarios de la empresa Vidal Plast de homicidio involuntario al incumplir las medidas sanitarias para el manejo de sustancias peligrosas y provocar la explosión que dejó 38 muertos y 12 desaparecidos que fueron declaradas como fallecidos mediante una ley.
La acusación fue depositada la noche del jueves en el Segundo Juzgado de la Instrucción de esa provincia en contra de Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar, Mercedes Altagracia Vidal, quienes están en libertad bajo fianza.
La condena para los acusados de homicidio involuntario es de tres meses a dos años de prisión y multa de 25 a cien pesos.