El embargo iniciado en 2023 por acreedor externo desencadena la disputa sobre propiedades vendidas.
San Pedro de Macorís.– Lo que durante décadas fue presentado como un exclusivo oasis turístico y residencial —con amplias áreas verdes, campo de golf y la promesa de tranquilidad— hoy es escenario de una batalla judicial que amenaza con expulsar a propietarios de las viviendas por las que han pagado, escriturado y vivido durante años.
Más de una decena de familias dominicanas y extranjeras que adquirieron villas y solares dentro de Metro Country Club enfrentan notificaciones de desalojo, pese a contar con títulos, hipotecas bancarias y constancias de pago de impuestos.
Detrás de las fachadas impecables y los jardines cuidados, se esconde un conflicto marcado por duplicidad de títulos, ejecuciones judiciales y un error catastral que ha dejado a estos residentes en un limbo jurídico.
Ramón Cabrera recuerda el día en que llegó del trabajo y encontró una notificación en su buzón. «Decía que debía entregar la propiedad a Metro Country Club. Pensé que era un error», cuenta.
Pero cuando un agrimensor revisó la documentación, una realidad impensable salió a flote: existía un segundo título emitido en 2024 sobre su misma propiedad.
Cabrera había comprado la villa a través de un proceso hipotecario bancario tradicional: «El banco pagó al propietario, se transfirió todo, y pasó a mi nombre». Durante años, pagó su IBI y mantuvo al día sus documentos. Nunca imaginó que otro certificado de título fuera emitido después.
El español Manuel Casanova Martínez, residente del complejo desde hace casi dos décadas, vivió una situación similar. En septiembre de 2025 recibió una intimación de abandono en nombre de Metro Country Club, no a su nombre.
El documento les daba 15 días para desalojar de manera voluntaria.
El origen inmediato de las intimaciones es un procedimiento de embargo inmobiliario iniciado por el ciudadano Suheil Elías Atallah Lajam, quien asegura que Metro Country Club mantenía deudas desde 2017.
Su abogado, Sócrates Rodríguez, afirma que la justicia le adjudicó 19 propiedades que —según los registros que consultaron— estaban a nombre de Metro y sin cargas visibles.
Sobre esas propiedades, iniciaron notificaciones de desalojo, pero gran parte de esas 19 propiedades habían sido vendidas hace años a terceros, muchos de ellos con títulos definitivos, deslindes aprobados y préstamos bancarios vigentes.
Tras semanas de incertidumbre, Metro emitió un comunicado el 9 de octubre donde describe el proceso como una «ejecución judicial irregular« iniciada por un acreedor que alegó que las propiedades aún figuraban a nombre de Metro.
El departamento legal del proyecto aseguró que en algunos casos existía duplicidad de títulos causada por una falla del Registro de Títulos de San Pedro de Macorís, que no canceló certificados antiguos al emitir los nuevos.
El abogado de Metro, Yurosky Mazara, señala:
Por otro lado, los abogados de Atallah insisten en que los propietarios afectados habrían realizado deslindes irregulares sobre terrenos ya deslindados, algo que la ley no permite.
La versión de Metro generó molestia entre los afectados. Cabrera rechaza que no hayan hecho los procesos requeridos:
Casanova añade:
El abogado especialista en derecho inmobiliario Robinson Cuello, consultado por este medio, explica que existen dos escenarios:
1. Propietarios que nunca completaron la transferencia y dejaron sus derechos registrados como constancias anotadas, todavía a nombre de Metro.
2. Propietarios que sí hicieron todo, pero recibieron constancias o procesos de deslinde sobre parcelas que ya estaban formalmente deslindadas.
El sistema aprobó trabajos técnicos sin detectar la duplicidad, una falla grave de fiscalización.
Cuello advierte que estos adquirientes son «terceros de buena fe» y deben estar protegidos por la ley y por el Fondo de Garantías sobre Inmuebles Registrados.
Entre 2023 y 2025 se han presentado más de 30 procesos judiciales: demandas de nulidad, apelaciones, suspensiones de adjudicación y otras.
Hasta ahora, los tribunales han fallado a favor de Atallah, rechazando las demandas incidentales presentadas por Metro y por empresas relacionadas como Gladiator SRL.
El abogado Luis René Mancebo, también representante de Atallah, afirma que intentaron acuerdos con Metro y su representante Luis José Asilis, pero «nunca se materializaron».
· Duplicidad de títulos.
· Falta de fiscalización de mensuras.
· Certificados emitidos sin cancelar los anteriores.
· Procesos de embargo que afectan a terceros ajenos a la deuda.
Mientras los tribunales continúan revisando recursos, las familias viven entre abogados, visitas sorpresivas y temores a nuevos desalojos. Piden al Estado intervenir antes de que la situación escale.
Por ahora, la única certeza es que los afectados siguen atrapados en un limbo jurídico del que aún no se vislumbra una salida clara.
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