Poseemos la triste distinción de ser uno de los países con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Desde hace décadas, las autoridades se desentienden del horror, prefiriendo construir obras de infraestructura en vez de atacar la raíz del problema. El caos en calles y carreteras se debe mayormente a la impunidad con la que camioneros, guagüeros, carritos públicos y motociclistas, violan leyes y reglamentos. Estos forós causan la mayoría de los accidentes y muertes, los tapones en ciudades y otros problemas de seguridad. Su impunidad viene de la conocida complicidad de policías y otras autoridades que aplican la ley sólo a automovilistas privados carentes de algún falso sindicato que los respalde. Ningún gobierno se atreve a aplicar macana legal contra estos mafiosos, “padres-de-familia” o aminóplis, pese a la impostergable necesidad de ordenar el tránsito, permitir la libre competencia en el transporte de pasajeros y carga, bajar los precios de los seguros y sacar de circulación chatarras rodantes. Ahora que estamos en reformas, ¿no conviene más acabar con esta fatalidad que insistir con inventos como premiar a notorios mafiosos?
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