Washington.- El FBI arrestó este viernes a una jueza de un tribunal de primera instancia en Wisconsin, según informó el director de la agencia, Kash Patel, quien la acusó de obstruir que las autoridades arrestaran a un migrante mexicano en la corte.
En una publicación en la plataforma X, Patel señaló que el FBI detuvo a la jueza Hanna Dugan bajo indicios de que «desvío intencionalmente a los agentes federales» que buscaban al migrante, identificado como Eduardo Flores Ruiz.
Patel borró posteriormente el mensaje de sus redes sociales, pero la detención de Dugan fue confirmada por medios locales, los cuales informan que la jueza permanece bajo custodia federal.
Aún se desconocen los cargos específicos que se le imputan a Dugan, pero su detención representa una escalada en el enfrentamiento entre el Gobierno de Donald Trump y el judicial por sus políticas migratorias.
Varios jueces federales en distintos distritos del país han fallado en contra de las medidas que el Gobierno republicano está tomando para acelerar y aumentar la cantidad de deportaciones y expulsiones de migrantes.
Uno de las acciones más controvertidas ha sido el uso de una ley del siglo XVIII, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para detener a migrantes (en su mayoría hombres venezolanos) y enviarlos a una megacárcel en El Salvador.
Las decisiones han sido recibidas con rechazo por parte de la Casa Blanca, que ha tildado a los jueces de estar actuando de manera «subordinada«.
A principios de mes, el Tribunal Supremo permitió que el Gobierno continuara con las expulsiones de migrantes, siempre y cuando les notificara previamente y les diera un «tiempo razonable» para apelar sus casos.
El Gobierno, sin embargo, ha buscado continuar con los vuelos a El Salvador, lo que forzó al Supremo a intervenir de emergencia el fin de semana pasada y ordenar que se pausaran las expulsiones de manera temporal.
En total, EE.UU. ha enviado a más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- a la prisión de alta seguridad de El Salvador en lo que grupos en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch han calificado como «desaparición forzada».
El Gobierno de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), calificadas recientemente por Washington como «grupos terroristas».
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamietno del Terrorismo (Cecot), una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
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