La trágica muerte del profesor Mateo Aquino Febrillet, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como desenlace de una sucesión de hechos absurdos y grotescos que envuelven personajes largamente cuestionados por la sociedad, con complicidades alarmantes en estamentos estatales, ha hecho que una buena parte de la opinión pública se plantee serias interrogantes sobre el estado de los partidos políticos en el país, así como sobre la capacidad del Estado para hacer valer su propia autoridad y legalidad. Según lo revelado hasta ahora, lo que desencadenó la aparatosa escena de violencia en plena luz del día en una zona residencial de la ciudad capital fue una disputa entre dos candidatos a diputados por el bloque encabezado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) –Edward Montás y Blas Peralta- sobre una regiduría en un pequeño municipio de la provincia de San Cristóbal. En ninguna circunstancia es aceptable el uso de la violencia, pero que esta se haya producido, con la saña y el descaro que se puso de manifiesto, por una posición electiva de este nivel dice mucho sobre el deterioro que se está produciendo en la vida política del país.
Sería muy fácil reducir el problema a conflictos en el PRM, cuyo liderazgo, ciertamente, ha dado muestras de que no tiene un control efectivo sobre sus procesos internos de elección de candidaturas, pero resulta que también en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se produjeron hechos de violencia el día de sus primarias partidarias como nunca antes había ocurrido en ese partido. Todo parece indicar que los cargos electivos, por muy bajos que sean en la escala institucional, son tan apetecibles que cierta gente está incluso preparada hasta a matar para obtenerlos. Es la forma más incivilizada de dirimir los conflictos políticos, la que se usaba cuando no había normas, instituciones y procesos establecidos, como ocurrió durante largos años en la historia dominicana. El hecho de que quien falleciera fuera una persona honorable, que había servido al país desde la más alta posición en la universidad pública, al menos sirve para abrirnos los ojos y hacernos pensar sobre lo que está ocurriendo en ese espacio opaco de la política que puede terminar socavando las bases de la legitimidad de las instituciones y la gobernabilidad en el país.
Un hecho notable en este proceso electoral es la debilidad institucional de los partidos políticos para encauzar la competencia interna y hacer valer el principio democrático en los procesos electivos según el mandato de la Constitución. El uso de las encuestas para definir candidaturas en determinadas demarcaciones electorales, tanto en el PLD como en el PRM es el mayor reconocimiento de que las dirigencias de dichos partidos temían de que ocurriesen situaciones incontrolables si se permitía la competencia entre diferentes candidaturas. En algunos casos fue necesario esperar hasta el último momento del plazo legal para inscribir candidaturas porque estas no pudieron definirse con tiempo suficiente por las agudas diferencias internas. Y el paso de un partido a otro de candidatos insatisfechos estuvo a la orden del día como lo más normal del mundo, lo que refleja lo gelatinoso, para llamarlo de alguna manera, que se ha convertido el quehacer político-partidario en nuestro país.
Como contexto de esta problemática está el hecho de que las fuerzas políticas representadas en las cámaras legislativas no han podido ponerse de acuerdo para la aprobación de una ley de partidos políticos con las herramientas modernas necesarias para concretizar los mandatos de democracia interna y transparencia que manda la Constitución en relación a los partidos políticos. También está pendiente la aprobación de una nueva ley electoral que apuntale el proceso de modernización del régimen electoral dominicano.
A diferencia de otros países de la región, la República Dominicana ha gozado de una estructura partidaria bastante fuerte y estable, independientemente de sus deficiencias tradicionales. Esto ha sido un factor clave en la estabilidad política y la gobernabilidad que ha disfrutado el país durante las últimas décadas. Aquí no se ha producido (todavía) el grado de fragmentación y hasta pulverización de los partidos políticos que se ha dado en otros países. El movimiento chavista, por ejemplo, surgió del colapso del sistema de partidos políticos en Venezuela, deslegitimado principalmente por la corrupción. En Guatemala, luego de varios ciclos electorales experimentando con diferentes partidos, incluyendo de exmilitares, el pueblo terminó eligiendo a un comediante sin partido político y sin experiencia de gobierno para que dirigiera el país. En otros más institucionalizados, como Costa Rica, terceras fuerzas han emergido y puesto en entredicho la estructura partidaria tradicional. Mientas que en Brasil, en el contexto de un gran descontento por la crisis económica y los casos de corrupción, ha comenzado a emerger un outsider –Jair Bolsonaro- que con sus excentricidades y posiciones extremas a la Donal Trump ha comenzado a cautivar las masas desencantadas con los partidos tradicionales. Y similares ejemplos pueden encontrarse en muchos otros países, tanto de la región como fuera de ella.
En República Dominicana estamos aún bastante lejos de llegar a esas situaciones extremas como las de esos países, pero esto no quiere decir que estemos totalmente inmunes a procesos de desencanto con los partidos políticos por parte de amplios segmentos de la población que puedan conducir a la búsqueda de outsiders que a la postre terminan socavando la gobernabilidad. Hechos como los ocurridos con el profesor Aquino Febrillet, más la creciente preocupación de sectores medios de la sociedad con el tema de la corrupción, pueden ir conduciendo poco a poco a una crisis de legitimidad de los partidos que sería altamente perjudicial para el sistema político dominicano. Al liderazgo de los partidos le corresponde, pasadas las elecciones, hacer un alto en el camino, aprender lecciones y asumir el compromiso de fortalecer la institucionalidad interna de sus formaciones políticas como pilares básicos de la democracia y la gobernabilidad. Estamos a tiempo.
