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Fernández se declara inocente en octava citación por presunta corrupción

Fernández se declara inocente en octava citación por presunta corrupción
Fernández se declara inocente en octava citación por presunta corrupción

BUENOS AIRES.- La expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández presentó hoy un escrito en su octava citación judicial en dos años y medio en el que negó haber recibido dinero ilícito como parte de la causa en la que se investigan presuntos delitos de lavado de dinero.

En el texto, que más tarde difundió a través de su página web, la exmandataria (2007-2015) aseguró que “nunca van a encontrar nada” con lo que involucrarla en delitos de corrupción, porque “jamás” se apoderó de “dinero ilícito alguno”.

“Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, remarcó.

Sebastián Casanello, juez encargado de esta causa, conocida como la “Ruta del Dinero K” (Kirchner), llamó a Fernández tras ser obligado por una Cámara superior a citarla, a pesar de haber evitado hacerlo durante dos años.

Al respecto, la actual senadora señaló en el texto (habitualmente se niega a declarar y presenta un escrito) que se encuentra “en una situación inédita” porque “es una indagatoria a pedido” del Ejecutivo de Mauricio Macri a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) y se la cita “sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito” que le pueda ser atribuido.

“Ante esta grave irregularidad (…) he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso”, subrayó la legisladora, quien desde hace tiempo reitera que es víctima de una persecución impulsada por el actual Gobierno.

Con una veintena de imputados, Casanello investiga delitos de lavado de activos entre 2010 y 2013 a través de una red que supuestamente montó una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior para el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.

“No sólo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma”, aclaró Fernández.

En esta causa destaca Lázaro Báez -estrecho colaborador del expresidente Néstor Kirchner y en prisión preventiva desde 2016-, al haber sido acusado de blanquear millonarias sumas de dinero que habría obtenido de la obra pública en la provincia sureña de Santa Cruz a través de sus empresas constructoras.

El empresario, dueño del grupo Austral, es acusado de haber brindado el “entramado societario” para captar fondos públicos y “vehiculizarlos” parcialmente a las manos “de quienes entonces eran funcionarios públicos”, en referencia a la exmandataria y otros altos cargos.

La Justicia también investiga si esos fondos fueron sacados del país para posteriormente reintroducirlos para ocultar su origen.

Al respecto, Fernández recalcó que “jamás” tuvo cuentas bancarias no declaradas, “ya sea sola, con Báez o con cualquier otra persona”.

“Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas”, indicó.

El caso se inició en 2013, aunque ganó voz en marzo de 2016, cuando un canal televisivo difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires.

La legisladora remarcó que su familia nunca tuvo sociedades ‘offshore’ en paraísos fiscales “o en cualquier otro lugar” ni apareció en investigaciones como los conocidos Papeles de Panamá, como si apareció “el apellido Macri, entre muchos otros funcionarios de su Gobierno”.

Cristina Fernández se encuentra procesada en seis causas, la última después de que el juez Claudio Bonadio la señalara este lunes como “jefa” de una asociación ilícita montada para recaudar coimas de empresarios durante los Gobiernos kirhneristas (2003-2015).

Sin embargo, por el momento no será detenida por ser senadora y estar aforada, condición que le puede retirar la propia Cámara Alta.

El ministro argentino de Justicia, Germán Garavano, explicó hoy en declaraciones a la prensa que confía en que la causa llegue a la vista oral el año próximo, aunque enfatizó que esto dependerá de cuánto se demoren las apelaciones que se presenten, e insistió en que la Justicia puede actuar en el país “con independencia y sin presiones”. 

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