SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En su definición de la palabra transición, el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice: Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto.
Fuera de la definición puramente lingüística, en el ejercicio de la política y de los cambios de gobierno, en la práctica ese término se asocia a un reforzamiento de la vigilancia y protección de los recursos y los bienes públicos.
Por ejemplo, ese periodo debe ser para poner la casa en orden y dar paso a las nuevas autoridades, tiempo de abrir los libros, desglosar los proyectos en marcha y dar paso a la continuación de las obras sin obstaculizar el camino de los que van a tomar el poder.
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Es por eso que nos sorprende la manera que durante el proceso de transición, y hasta unos días antes de las elecciones, el ministerio de Obras Públicas, bajo el mando de Víctor Díaz Rúa, otorgara 23 contratos por un total de 12 mil millones de pesos.
A medida en que uno se adentra en los montos y partidas, salen a relucir datos tan sorprendentes como inexplicables: muchas obras fueron dispuestas mediante decreto sin pasar por el proceso de licitación.
O sea, que se usó el procedimiento del grado a grado, tan cuestionado por las irregularidades y asignaciones selectivas a que se presta, al realizarse sin pasar por un concurso donde se diera oportunidad a diferentes contratistas para presentar sus propuestas.
En ocasiones se trata de justificar este mecanismo cuando surge la necesidad de respuesta rápida de obras que no pueden esperar, a propósito de daños a causa de fenómenos naturales.
Precisamente, en los contratos hay desembolsos por màs de dos mil millones de pesos en obras dispuestas a raíz de vaguadas en abril de 2012, aunque en ningún periódico salieron reportes concretos de esos, por lo que son prácticamente inexistentes.
Pero màs grave aun, es que en algunas de las obras descritas ni siquiera se ha dado el primer picazo, pero sí sangrado el bolsillo del contribuyente, con cuyos impuestos se financian estas barbaridades.
La verdad es que cada día toma más fuerza y sentido aquella frase del preclaro pensador dominicano, Manuel Arturo Peña Batlle, de que la República Dominicana es un país insólito.