El gobierno ha reiterado inequívocamente que los activos y derechos aportados al fideicomiso de Punta Catalina continuarán siendo propiedad del Estado. Es absurda tanta alharaca sobre algún eventual nuevo dueño de esa generadora. Lo conveniente es que opere lo mejor posible para beneficiar la economía nacional, aportando energía confiable y barata.
El comité técnico, encargado de operar como órgano ejecutivo, quizás merece más escrutinio que la figura del fideicomiso, que posee cierta complejidad. La ignorancia del gran público no desmerece su derecho a estar bien informado. Por ejemplo, ¿por qué permitieron agotar el carbón, debiendo comprar de emergencia? ¿Por qué rehuir la transparencia de subastas inversas? ¿Quién buscó nuevos suplidores?
Luis Abinader es coherente y claro: el Estado preservará la propiedad. El ruido e incordios, que la opinión pública detecta, quieren cargarlos cazurramente al presidente; me luce que son hechos y culpas ajenas. Toda la buena voluntad que concita Luis no merece desperdiciarse por acciones divorciadas del propósito declarado del fideicomiso.
La carcoma destruye más que las pedradas y ejecuta invisiblemente…
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