SANTO DOMINGO.- El rechazo tajante de diferentes sectores y la crítica sin compasión son los frutos que se han cosechado en contra del Gobierno por el contrato de fideicomiso de Punta Catalina firmado con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Fiduciaria Banreservas, una empresa del Grupo Reservas y la cual es liderada por el Banco de Reservas de la República Dominicana.
El presidente Luis Abinader ha explicado por medio de la carta de presentación al Congreso Nacional que el mismo consiste en la creación de una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio, que busca la operación de la termoeléctrica, la ejecución de las actuaciones y obras necesarias para su conservación y mantenimiento.
No obstante, con el fideicomiso, el cual fue aprobado el pasado martes 11 por la Cámara de Diputados, el gobierno de turno lo que ha hecho es “demostrar incapacidad”, a juicio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Según la exvicepresidenta Margarita Cedeño ese acuerdo no cuenta con vocación de servicio para la colectividad.
“La buena política y la transparencia se ejercen con vocación de servicio para la colectividad y este contrato de fideicomiso no tiene esa vocación. No podemos permitir que el cambio sea un intercambio de nuestro patrimonio. ¡Así no!”, dijo Cedeño en su cuenta de Twitter.
Otro que se ha expresado su negativa es el aspirante a la presidente por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, quien ha afirmado que está lleno de errores que deben ser solucionados de inmediato.
“La figura jurídica del fideicomiso es una figura opaca extraña y es una figura que necesariamente debe ser explicada con mayor detenimiento por el gobierno, llevar a Punta Catalina a un mecanismo de administración de ese tipo implica la renuncia a que los órganos de control como la Cámara de Cuenta o la Contraloría General de la República puedan tener acceso a ella, lo cual burla a los principios constitucionales de transparencia y le quita la oportunidad al pueblo dominicano, a través de esas instituciones, de supervisar y auditar dicho bien” afirmó.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) también ha expresado de forma pública su repudio al afirmar que en el contrato aprobado por la Cámara de Diputados que constituye el fideicomiso Punta Catalina “es más que suficiente para que entren inversionistas como socios sin haber aportado un peso para su construcción. Así No”.
El partido político la Fuerza del Pueblo no se ha quedado atrás y se ha montado en la ola de quienes repudian el referido fideicomiso, por lo que han pedido que sea enviado a vistas públicas en el Senado, al referir que el convenio merece un análisis sereno y rigurosos, lo que, a juicio de los miembros de ese partido político solo será posible si el Senado de la República convoca a vistas públicas para conocer del contenido de este contrato, donde todos los sectores de la vida nacional puedan expresar sus consideraciones en torno al mismo.
Alegaron que un análisis realizado por expertos en el tema de energías de ese partido “el hecho de que no exista regulación jurídica abre una amplia brecha de posibilidades para que los bienes del Estado pasen a manos privadas mediante mecanismos que no sean transparentes”.
Ante todas las declaraciones en contra, el gobierno dominicano defiende contra viento y marea su decisión al indicar que “Punta Catalina es y seguirá siendo 100% propiedad pública”.
Con la lectura de un comunicado de prensa por parte del vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, indicaron que en el artículo 3 del Decreto 538-21 se afirma de forma clara e inequívoca que las tres partes constitutivas del Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina son instituciones del Estado dominicano.
Estas instituciones, agregó, son la CDEEE, que a través de su órgano de gobierno la Comisión de Liquidación, transfiere todos los bienes y derechos; la Fiduciaria Reservas, S.A., recibe en calidad de administradora los bienes y derechos; y el Ministerio de Hacienda que será el beneficiario en favor de quien serán administrados los bienes y derechos cedidos al Fideicomiso.
“Como queda explicado, el Estado es quien cede, el Estado es quien recibe y el Estado es el que se beneficia. No puede entonces llamarse privatización a una operación sin empresas privadas. No puede entonces llamarse privatización a una operación en la que no hubo transacción de compra y venta”, enfatizó el vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental.
El tema retumbó en Madrid, España, donde actualmente se encuentra el presidente Luis Abinader participando de la Feria Internacional de Turismo 2022, lugar que fue oportuno para que el mandatario se refiera al tema.
Al ser entrevistado de forma exclusiva por la periodista Rosa Encarnación, la enviada especial de Noticias SIN, Abinader indicó que siempre habrá quienes critiquen las acciones del Gobierno.
“Bueno tienen que inventarse algo. Punta Catalina es y seguirá siendo del gobierno”, reiteró el mandatario.
El jefe de estado aseguró que con el fideicomiso, el cual aún espera por su aprobación en el Congreso Nacional, lo que se busca es poner orden a las plantas, las cuales no poseen ninguna categoría para su administración.
“No sé por qué ha causado controversia, porque el fideicomiso es un vehículo legal como si fuese una compañía; al contrario ahora es que se le está dando orden, Punta Catalina no estaba en ningún lugar, ni era compañía ni nada.