El Presupuesto 2024 que ha presentado el Gobierno es el último de este cuatrienio y ya ha pasado tiempo suficiente para hacer comparaciones y observar algunas tendencias claras del gasto público.
El gasto total promedio del Gobierno en el periodo 2013-19 fue de 17.1% del PIB (de acuerdo a los datos del Banco Central), en 2023 será de 19% (presupuesto reformulado); y se ha presupuestado en 18.5% para el 2024.
Aquí vemos el impacto del COVID: En 2020 hubo un aumento importante del gasto público, llegando a casi 22% del PIB. Desde entonces ha bajado, pero no tanto. Es decir, de manera permanente nos hemos quedado con un nivel de gasto superior al del periodo Pre-COVID (¡No hay nada más permanente que un programa transitorio del Gobierno, decía un sabio profesor de la Universidad de Chicago!)
¿Y en cuáles partidas es que más se ha incrementado el gasto? El gasto corriente ha aumentado en casi 3% del PIB, empujado por un mayor pago de intereses (1% del PIB adicional); y Transferencias y Subsidios (1.1%). Estas dos partidas tienen su explicación: luego del COVID tenemos más deuda y tasas de interés más elevadas, lo cual sube el monto anual que el gobierno tiene que pagar en intereses.
La otra partida aumenta por los gastos para enfrentar el COVID y combatir la inflación: subsidios a los combustibles, a los alimentos, más beneficiarios de programas sociales y mayor monto destinado a dichos programas. En pocas palabras, una parte del gasto adicional que se hizo por el COVID y por los aumentos de precios de energía y alimentos, está vigente. Políticamente es muy difícil desmontar la totalidad del gasto adicional.
Otras partidas han aumentado, pero en menor medida, como la nómina pública y el gasto en compra de bienes y servicios. Por otro lado, la inversión pública ha bajado en casi un punto del PIB respecto al periodo Pre-COVID. Esto nos lleva a concluir que el Gasto Total ha aumentado 2.1% del PIB y que todo el incremento ha sido gasto corriente, mientras la inversión pública ha disminuido.
El argumento del Gobierno es que este gasto adicional en subsidios para combatir la inflación, mayores salarios a servidores públicos (como la Policía), aumento del monto de las ayudas sociales (más beneficiarios y mayor monto) y más subsidios a la energía y combustibles, es lo que ha permitido mantener la estabilidad social. Esto puede ser cierto, pero significa que ya ese gasto adicional no bajará y se quedará permanente.
Si llevamos las cifras a pesos, el gasto corriente ahora es de unos RD$ 190,000 millones mayor que antes. El Gobierno ha podido financiar este gasto adicional con más deuda, amnistías, adelantos de impuestos, algo de ingresos no tributarios y desplomando la inversión pública. Esto, en vista de que la presión tributaria es similar a la del periodo Pre-COVID. Por su parte, el gasto total es de unos RD$ 140,000 millones mayor.
Sin duda el COVID y los otros choques que han azotado al mundo en este cuatrienio cambiaron completamente el programa de un Gobierno que tuvo que asumir en circunstancias muy difíciles y totalmente imprevisibles, pero creo que, aunque sea en menor medida el aumento del gasto se iba a dar. El COVID simplemente cambió la composición de ese aumento o bien la velocidad de la implementación.
Es algo contrario a lo que pensaba una parte importante de la población que votó por el PRM: Reducción del gasto y, por tanto, baja de los impuestos. Un análisis sencillo de las cuentas fiscales indicaba que esto no era posible. Ahora la situación apunta aún más a que esa no es una posibilidad realista.
La pregunta que uno debe hacerse ahora es cómo será financiado este gasto de ahora en adelante, tomando en cuenta de que la deuda es más cara porque aumentó la tasa de interés en el mundo; y el Gobierno, se supone, no podrá apelar a otras amnistías ni a nuevos adelantos de impuestos para cerrar la brecha fiscal. Bajar aún más el gasto del gobierno en inversión no parece sensato ni es sostenible para nuestro desarrollo como país. De hecho, un gasto de capital tan bajo se va a traducir tarde o temprano en una menor tasa de crecimiento potencial de la economía.
A quien le toque hablar de aumento de los impuestos para financiar este gasto adicional, tendrá que hacerlo con una narrativa creíble y consistente. Y aun así se corre el gran riesgo de que la población no compre la idea. Ya veremos.