SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FIJUNS) advirtió este martes que se requiere de una política nacional de persecución estratégica contra la criminalidad para lo cual resulta contraproducente la discriminación de la partida presupuestaria de Ministerio Público.
De las grandes demandas de la ciudadanía, de cara a la estructura gubernamental electa, resaltan los reclamos relacionados a la garantía de seguridad ciudadana, así como la necesidad de hacer efectiva la lucha en contra de la corrupción; y es que, actualmente, es una constante en los medios informativos la reseña de hechos que refieren al flagelo de la criminalidad, así como los señalamientos de actuaciones vinculadas al concepto de corrupción, en detrimento de los fondos públicos, expresó la institución a través de un comunicado de prensa.
El comunicado reza que, a propósito de ello, recientemente la prensa ha estado documentando la situación en la que se encuentran una cantidad importante de recintos penitenciarios, señalando las deplorables condiciones, el evidente hacinamiento y las complejas estructuras delictuales que desde allí se operan.
Todo esto refiere a la necesidad de fortalecer al Ministerio Público en tanto órgano persecutor y responsable de implementar la política del Estado en contra de la criminalidad. En efecto, uno de los compromisos más contundentes de los presentados en el programa de gobierno, en la etapa de campaña, se refería a la promoción de un Ministerio Publico independiente, puntualizó.
Según la nota de prensa enviada por la institución, esta deja claro que han sido enfáticos en señalar que la independencia del sistema de justicia, y de los órganos e instituciones que de ahí se ramifican, depende de lograr la autonomía en aspectos puntuales y no puramente del enunciado normativo.
De manera general, en cuanto al Ministerio Público, a fin de lograr una independencia real se debe promover la autonomía desde la inexistencia de un superior jerárquico sobre la institución, la inexistencia de controles externos e internos en la toma de decisiones, la potestad reglamentaria propia y la independencia presupuestaria. Este conglomerado de elementos se invoca como un resguardo para el Ministerio Público frente al control político; resultando sumamente peligroso la falta de alguno de ellos para la consolidación de los valores básicos que inspiran el Estado Social y Democrático de Derecho, sugirió.
Expresó que, resulta entonces contraproducente que, en un momento crítico en que el país espera mayores niveles de fortalecimiento técnico, investigativo e independencia funcional del Ministerio Público, se esté solicitando en el proyecto de presupuesto general, disminuir las partidas destinadas a este órgano, sin tomar en consideración que al establecer una dinámica presupuestaria descendente se afectaría gravemente la posibilidad de asegurar un mejor y más satisfactorio despliegue de las funciones de investigación y persecución del delito, así también la realización de políticas sólidas y sustentables que puedan hacer frente a la inseguridad y a la lucha contra la corrupción, y, de igual manera la dignificación del sistema penitenciario.
La institución reiteró que se hace necesaria una mayor asignación presupuestaria para el Ministerio Publico de conformidad con el contenido de la ley 194-04, siendo al menos consecuente en dotar de partidas no menores a las dadas en periodos anteriores, siendo esto ineludible a los fines de lograr un verdadero Ministerio Público independiente, así como en aras del fortalecimiento del sistema de justicia.
En momentos tan cruciales como los que nos encontramos, resulta imperante un mayor protagonismo del Ministerio Público de cara a los diversos escándalos de corrupción y el requerimiento de dirección de una política nacional de persecución estratégica contra la criminalidad, todo lo cual requiere de la asignación de los recursos correspondientes. Ciertamente la etapa de asignaciones presupuestarias es, en cierta medida, un proceso de consolidar compromisos políticos-institucionales con el órgano persecutor, y traducirlos en un plan de gastos coherente para hacer frente al flagelo de la criminalidad y la proscripción de la corrupción, finalizó.